Tras las declaraciones de rigor de la noche electoral y los primeros posicionamientos, que siempre conllevan una descompresión acelerada para pasar de la campaña a la realidad, ahora toca encarar la gestión de unos resultados que no facilitan la investidura, y menos aún la estabilidad política.
La ciudadanía y los medios piden capacidad de pacto, para luego exigir a los partidos firmeza e incluso intransigencia en la defensa de los principios y propuestas de cada uno. Todo, a la vez, es un poco difícil, especialmente en un país donde se identifica pacto con debilidad y donde el sistema electoral ha hecho innecesarios, hasta ahora, los pactos. La acumulación y cruce de líneas rojas convierte el itinerario del pacto en impracticable.
Tras el 26J es prioritario recordar lo que ha sido ignorado después del 20D, la situación de emergencia social no permite perder más tiempo. Y esto obliga a situar en el centro del debate de investidura todos aquellos temas que afectan las condiciones de vida de las personas y que han estado ausentes de la campaña electoral.
Desgraciadamente, hoy, con la mejora de resultados del PP, estamos en peores condiciones de encarar un cambio en las políticas sociales y en una solución para Catalunya.
Las responsabilidades están repartidas, pero tienen un elemento común: haber puesto la defensa de los medios por delante del objetivo de los fines. Y haber obviado que las líneas rojas y los condicionantes para pactar deben tener cierta relación de proporcionalidad con la fuerza de cada uno. Pese a que han aumentado las dificultades, no se puede volver a olvidar que la prioridad es dar respuesta a graves problemas económicos y sociales, así como a un grave conflicto institucional.
Tenemos una Seguridad Social que es perfectamente viable, a condición de que se adopten urgentemente medidas para garantizar su financiación. Lo que precisa un mayor esfuerzo fiscal, más justamente distribuido en términos sociales.
Pero la viabilidad a medio plazo de la Seguridad Social depende sobre todo de la capacidad de romper con la precariedad del empleo como estrategia. Una precariedad que provoca un deterioro de la recaudación de cotizaciones sociales incluso en momentos de crecimiento del empleo.
En el horizonte tenemos también una situación de déficit y deuda pública insostenible. En 2016 se cerrará con un déficit público muy superior al presupuestado y con una deuda pública que supera el 100% del PIB. Y con la exigencia de la Unión Europea de un nuevo ajuste fiscal, que conllevaría graves recortes en términos sociales, con el consecuente aumento de la desigualdad y la pobreza.
Este debe ser el horizonte, el de las condiciones de vida de la gente, después de unas elecciones que han ganado el PP y Rajoy, pero con un resultado que no aclara quién formará gobierno y qué partido puede imponer sus políticas.
De momento, el bloqueo institucional, tanto en España como en Europa, agravado por la crisis del Brexit, está provocando que los únicos ganadores reales sean los poderes económicos y un capitalismo financiero que ostenta el verdadero poder político y que nunca había tenido tan pocos contrapesos ni controles sociales y políticos.
Las elecciones generales y lo que pase en el gobierno de España tendrá -ya lo está teniendo- una fuerte incidencia en Catalunya. A pesar de que algunos, en una nueva fuga hacia delante, piensen que nos podemos abstraer de lo que pase en España.
Todo apunta a que el bloqueo institucional en España arrastrará también al bloqueo político en Catalunya. Una situación enquistada y que dura desde 2010.
En la batalla para configurar y ganar el relato post 26J y preelectoral en Catalunya algunos pretenden instalar el debate de la incapacidad de reformar España. Y argumentos no les faltan, a la vista de los resultados. Pero una cosa es la frustración real o impostada por la victoria del PP y la otra que entramos en dinámicas democráticamente peligrosas y políticamente frustrantes. Nunca ha sido cierto que "cuanto peor, mejor", aunque en el corto plazo a algunos les vaya bien para consolidar su relato y preparar las futuras elecciones.
Me parece muy preocupante la proliferación de valoraciones democráticamente peligrosas, que son utilizadas desde análisis diferentes e incluso intereses contrapuestos, pero con argumentaciones igualmente corrosivas en términos democráticos.
Las ideas de sociedades irreformables, pueblos que se merecen los gobiernos que tienen, ciudadanos que votan en contra de sus intereses, terminan siempre con peligrosas afirmaciones o insinuaciones de "pueblos elegidos" y "pueblos repudiables".
Es evidente que la mayoría lograda por el PP aumenta las dificultades para hacer avanzar una propuesta de referéndum pactado con el Estado español. Pero no resulta creíble considerar inviable la propuesta de referéndum y a continuación defender que es viable y políticamente efectivo un referéndum unilateral de independencia (RUI) o una declaración unilateral de independencia (DUE).
Mi experiencia como sindicalista, corredor de fondo y amante de la montaña me ha enseñado que, cuando se detecta la imposibilidad de salvar un obstáculo, lo que se hace no es aumentar la dificultad del objetivo e intentar superarlo con más obstáculos y las mismas fuerzas.
En Catalunya tenemos hoy el reto y la responsabilidad de elegir entre una nueva fuga hacia adelante o bien optar por lo que ha hecho siempre Catalunya en estos momentos; reagrupar el máximo de fuerzas en torno a un objetivo compartido y aumentar la densidad y sobre todo la intensidad de las movilizaciones.
Hay que recordar que una consulta unilateral ya se intentó el 9 de noviembre, y al final se reconvirtió en un proceso de movilización social ante la imposibilidad de concretar la consulta unilateral.
Cabe recordar algunas obviedades, como que un referéndum unilateral nacería con un déficit de legitimidad propia al no contar con el apoyo de una buena parte de la sociedad catalana, que tendría enfrente la oposición de la mayoría de fuerzas políticas españolas y el no reconocimiento de la Unión Europea, que ya tiene suficientes frentes abiertos como para abrir otro.
Los que defienden propuestas unilaterales deberían explicar cómo, en los meses transcurridos de la legislatura de la desconexión y la insumisión del 9N, han sido incapaces de adoptar ninguna acción de insumisión, ni siquiera de firmeza, y ahora de golpe nos plantean un RUI.
Deberán explicar cómo se compatibiliza presentar unos presupuestos absolutamente sumisos con las reglas de juego de España y al mismo tiempo defender una convocatoria de referéndum unilateral.
Nos tendrán que explicar cómo harán convivir políticamente un referéndum unilateral y una dependencia absoluta de la deuda pública catalana de España. Cómo desconectarse políticamente y al mismo tiempo estar enchufado económicamente a la respiración asistida del FLA.
¿Significa esto que no debemos hacer nada? Evidentemente que no, estoy planteando exactamente lo contrario. Tenemos una situación de bloqueo político, pero no podemos ni bloquearnos ni caer en la trampa de una nueva fuga hacia adelante.
Esta es la respuesta que deberá dar el presidente Puigdemont en el planteamiento de su cuestión de confianza.
Un servidor opina que para salir del bloqueo lo que hay que hacer es reagruparnos alrededor de la exigencia de un referéndum; intentar sumar a quienes han planteado la propuesta de reforma constitucional, sin referéndum previo, y ahora comprueban que con una mayoría del PP esto resulta inviable. Y proponer a la sociedad catalana un aumento de la densidad y la intensidad de las movilizaciones.
Y mientras tanto, no olvidar en ningún caso la situación de emergencia social que viven amplias capas de la ciudadanía, que por cierto son las que tienen unos mayores índices de abstención electoral y política. Para muchas personas, la utopía es una utopía más modesta y más cotidiana: salir de la pobreza en la que están atrapadas.
