CONSEJO EUROPEO: MUCHOS INTERROGANTES Y UNA PREGUNTA. ¿HAY AGENDA OCULTA PARA ESPAÑA?

La experíencia de las "grandes reuniones" producidas durante la crisis obliga a ser muy prudente antes de hacer ninguna valoración definitiva y sobre todo antes de lanzar las campanas al vuelo. Hoy, cuando se alzan voces valorando el éxito de España y Italia, es el momento de recordar las famosas reniones del G-20 para "refundar el capitalismo" con sus grandielocuentes declaraciones sobre el final de los paraisos fiscales o el secreto bancario. Analizar que ha sido de todas aquellas "declaraciones bienintencionadas" es un buen ejercicio para no comulgar con ruedas de molino. Tendremos oportunidad de conocer más detalles que la simple declaración del Consejo Europeo. Pero mientras, deberíamos recordar algunas cosas sucedidas duranten estos años y sobre todo hacernos algunas preguntas.

En este Consejo se discutían de manera directa aspectos importantes de la crisis, pero en estas cumbres suelen haber acuerdos explícitos o implicítos que no suelen estar en las declaraciones formales y que solo se conocen más adelante. Y suelen ser temas muy importantes para la ciudadanía, especialmente la de países que como España sufren una gran depresión. La primera cosa a recordar es que más allà de los debates sobre las condiciones del rescate bancario o el contenido de pacto de crecimiento, es que el eje de las políticas europeas continúa siendo, también después de este Consejo Europeo, el Pacto de Estabilidad o Fiscal Compact. Un tratado intergubernamental acordado por el Parlamento español el jueves 21 de Junio que limita de manera importante las decisiones de las instituciones españolas. Tanto, que al exigir equilibrio presupuestario en un momento de depresión económica obliga de manera clara a los gobiernos a aplicar políticas de rigor - no austeridad, que es otra cosa distinta- muy duras para la ciudadanía. Y que en España es una política pactada por PP-PSOE CIU y no impuganada por casi nadie. Sobre todo porque quien primero la puso en marcha, incluso antes de que el Tratado entre en vigor, fue España con la reforma del artículo 135 de la Constitución Española impulsado por gobierno Zapatero con el apoyo del PP. Este es el Tratado de Estabilidad que el candidato Hollande anunció que exigiria rediscutir en sus contenidos, pero del que el Presidente de la República Francesa Hollande no ha dicho nada. Tomemos nota del matiz. ¿

Cambia las cosas el hecho de que en el Consejo Europeo se haya acordado un Pacto por el Crecimiento para invertir- no se sabe ni como ni cuando - 120.000 millones de euros?. Bien, a lo mejor sirve para marcar perfil a Hollande, puede servir para el debate importante de las ideas en relación a la importancia de la políticas de impulso al crecimiento. Sirve para que Rajoy modere su obsesión teológica por el rigor a ultranza sin crecimiento. Pero no tengo claro que por si solo este Pacto, del todo inconcreto, sirva para cambiar el sentido de las cosas. ¿ Se van a sentir satisfechos los mercados financieros con esta apuesta formal por el crecimiento? Y ¿Les va a ofrecer más garantias de cobrar los préstamos a los Estados con elevados déficits y deuda?. Lo dudo, son codiciosos, pero no tontos. Y sobre todo la pregunta es : Será suficiente este Pacto si de manera simultánea los gobiernos están obligados a reducir de manera drástica y rápida su déficit pùblico?. Recuerden en España pasar en dos años, 2012/13 de un déficit superior al 8% al 3%, lo que supone 62.000 millones menos de déficit, al tiempo que caen los ingresos como consecuencia de la crisis y las políticas de rigor. A esta pregunta tendremos rápida y me temo que dramática respuesta cuando Rajoy presente los PGE para 2013.

¿Que es importante pués del Consejo Europeo? Se dice que el acuerdo para que los mecanismos de ayuda a bancos no deban ser a los países, con el consiguiente efecto arrastre sobre el déficit y deuda pública y sobre los elevados intereses exigidos por los mercados a los préstamos a estos países. Pero estamos seguros que el modelo pactado de ayudas directas a los bancos se va a aplicar a la petición efectuada por el Gobierno de España. O lo que se ha hecho es diseñar un modelo de futuro que solo entrara en funcionamiento cuando este diseñada la estructura institucional de la autoridad bancaria europea.

De las declaraciones de la Sra Merkel y del Presidente del BCE "no hay aportaciones, sin contrrapartidas de control" todo hace pensar que las ayudas directas a bancos solo funcionaran cuando existan los mecanismos de control y que en el caso de España la petición de hasta 100.000 millones de euros se hará por el Estado a través del FROB. Pronto, cuando se conozca el texto del Memorandum que firme España saldremos de dudas. Otra pregunta a hacerse es si la intervención directa del BCE para relajar la presión sobre la deuda soberana de los Estados se producirá ya o solo cuando esten en marcha los mecanismos de supervisión europeos. Y en este apartado no está de más que la izquierda comience a dar una batalla ideológica importante.

Sin duda, la crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de construir más Europa. Pero más allá de esta bonita afirmación que significa esto. ¿Cesión de soberania?. sin duda. Europa no se construye sin cesión de soberanía de los Estados nacionales a instancias europeas. Pero la izquierda - y cualquiera que se sienta profundamente demócrata- ha de añadir que la cesión de soberanía ha de ser a instituciones democráticas. La experiencia del BCE esta siendo nefasta, su independencia lo es en relación a los ciudadanos europeos, pero no en relación a los mercados, ni a los intereses de determinados lobbys de poder. Por tanto, hemos de exigir que la construcción de organismos de control o supervisión europeos lo sea a instituciones con control democrático. Ceder soberania del demos nacional al demos europeo Sí, ceder soberania del demos nacional al "global market" NO.

Por último y en relación a España, la pregunta es: ¿exista una agenda oculta, un memorandum secreto o implícito, anexo al memorandum financiero? Mi opinión es que sí, a la vista de la respuesta que han dado los miembros del Gobierno español cada vez que en Pleno o Comisión, les he formulado esta pregunta. Las respuestas han sido de tres tipos y todas con trampas. En unos casos la respuesta ha sido el silencio en el caso de Rajoy. En otros casos, respuestas con trampa como decir que el memoradum de las ayudas financieras solo contendrá condiciones para bancos, pero no negar que las condiciones se puedan establecer fuera del memoradum. Y por ultimo la respuesta más clara: " las medidas necesarias que el Gobierno español debe adoptar y que serán duras, no tienen nada que ver con las ayudas bancarias, las tendríamos que adoptar con o sin ayuda a los bancos". Lo respondió el Ministro de Guindos a  mis preguntas en la comisión de economía del Congreso. En resumen, se le llame como se le llame, el Gobierno español parece haberse comprometido a una segunda ola de reformas. ¿cuales?. Pues las recogidas en los informes del Ecofin - Consejo de Ministros de Finanzas- y en el Informe emitido por la delegación del FMI. Algunas de estas recomendaciones- imposiciones han salido a la luz y han sido asumidas por el Gobierno de España, la subida del IVA, o como se le quiera llamar. Otras han sido negadas, como el anticipo en la alicación temporal de la edad de jubilación a los 67 años. Lo que no excluye que el Gobierno lo intente o que se adopten tras medidas de seguridad social aue no estan contempladas en el Pacto de Toledo o van claramente en contra de acuerdos sociales y parlamentarios. El ejemplo más claro es la reforma de la Ley 27/2011 en el apartado de lagunas de cotización introducida por sorpresa en un enmienda del PP en el Senado en el proyecto de Ley de Reforma Laboral.

Pero hay más, por ejemplo en relación a la reducción del gasto en desempleo. De entrada parece que el Gobierno tiene preparado un acuerdo marco a nivel estatal con las empresas privadas de colocación - que incluye ETTS- para que hagan un proceso de "selección" del registro de desempleados. O la desaparición del programa PREPARA, el de los 400 euros. vale la pena recordar que a fecha de hoy hay más de 1.800.000 personas desempleadas que no reciben ningún tipo de prestación. Y en último lugar por ahora. ¿Contiene la agenda secreta, el memorandum anexo, un compromiso de una segunda - o mejor dicho tercera- reforma laboral?  Eso es lo que parece desprenderse del informe del FMI. Y ya tuve oportunidad de comentarlo en otros artículo anterior. ¿Se atreverá el Gobierno Rajoy?. Lo mejor para afrontar esta situación es no confiarse demasiado. Y no dejarse llevar por las interpretaciones "maravillosas" del Consejo Europeo. Máxime cuando son muchos los actores políticos a los que les interesa dar una buena imagen del Consejo Europea. Sin duda a Rajoy, también a sus socios de CIU - Duran ya lo ha hecho-. Y quizás a Rubalcaba, por aquello de "los socialdemócratas ya lo deciamos" Y ahora con Hollande las cosas son diferentes. Alerta pués, no nos vendan la moto y no nos hagan comulgar con ruedas de molino.

DESCODIFICANDO EL INFORME DEL FMI SOBRE ESPAÑA.

La pasada semana tuve la oportunidad de participar en representación del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUIA, CHA (Izquierda Plural) en el encuentro de los portavoces de la Comisión de Economía con la delegación del FMI encargada de la elaboración del Informe sobre España. 

Espero que el resto de encuentros mantenidos en nuestro país tuvieran un grado de profundidad mayor. La  lectura de la Declaración Final de la Misión del FMI me ratifica en una impresión que tuve durante el encuentro. Sin duda se trata de personas muy cualificadas, aunque no siempre ello se corresponde con el nivel de conocimiento de la realidad económica y productiva micro de nuestro país.

Sinceramente, el informe reitera opiniones cargadas de prejuicios ideológicos y de formulas mágicas que en algún momento del documento se dice que si funcionan – una aplicación exitosa de la reforma laboral – podrían conducir a unas perspectiva a medio plazo significativamente mejores.

Después de valorar positivamente el impulso reformista del Gobierno del PP, a pesar de lo cual se constata que no se ha conseguido recuperar la confianza de los mercados y constatar que las perspectivas son muy difíciles, se recomienda continuar con lo que llama el impulso reformista. Y es en algunas de las reflexiones en este apartado en las que me gustaría detenerme. 

El informe insiste en la necesidad de mejorar el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios, buscando la reversión de los grandes desajustes de precios y salarios. Y a continuación nos propone su angelical formula que no es otra que una solución cooperativa, en que los trabajadores acepten una mayor moderación salarial, los empresarios trasladen los ahorros de costes salariales a una reducción de precios y a la contratación y los bancos se recapitalicen, lo que permitiría se dice una reasignación más rápida de recursos hacia sectores más dinámicos y un mejor resultado para todos. 

Sinceramente, o el desconocimiento de la realidad española es mayor del que a mi me pareció detectar o alguien nos quiere tomar el pelo. La delegación del FMI debe desconocer que este es el enfoque y el objetivo que pretendía el acuerdo interprofesional para el empleo y la negociación colectiva firmado por sindicatos y empresarios y que el Gobierno desechó como referencia para su reforma laboral.

Y debe desconocer que los desequilibrios provocados por la reforma laboral el PP garantizan un reducción significativa de salarios – que ya se esta produciendo- pero ninguno de los otros factores, ni el ajuste de precios no la creación de empleo. Y que lo que ellos llaman una aplicación exitosa de la reforma laboral en la práctica es una renuncia empresarial a mecanismos de flexibilidad negociada del empleo y salarios y una intensificación de los procesos de destrucción de empleo como principal mecanismo de ajuste del mercado de trabajo. 

Sin abandonar el capitulo de las recomendaciones referidas al mercado de trabajo, sugerimos leer el apartado 17 donde se abocan todos los tópicos posibles sobre el mercado de trabajo español para terminar haciendo una valoración que nada se separa de la escuchada diariamente en las tertulias de nuestro país. Todo para acabar diciendo que los salarios no son suficientemente sensibles a la muy elevada tasa de desempleo, obviando hasta que punto las causas de ello no están en el mercado de trabajo, sino en la estructura productiva de nuestro país y en las consecuencias que el colapso financiero y las políticas de ajuste fiscal han tenido en la masiva destrucción de empleo. 

Y para reforzar lo que llama el camino de la reforma laboral sugiere una reducción de la diferencia entre los niveles de protección de los contratos indefinidos y temporales – parece referirse sin citarlo al famoso contrato único sin causa ni control judicial-,  la eliminación de lo que llama la clausula de indexación de salarios – o sea los mecanismos de revisión o garantía sobre la pactado-. Y la modificación del sistema de negociación colectiva para pasar del modelo actual de eficacia general a otro de incorporación optativa de las empresas al convenio (clausulas opt-in). Y llegados a este punto es cuando uno llega a la conclusión que el desconocimiento de la delegación del FMI no es solo de la realidad económica española, sino también desconocimiento del marco constitucional y en concreto del artículo 37 de la CE referido a la fuerza vinculante de los convenios. 

Por supuesto la ortodoxia llega al tópico de plantear una revisión de las prestaciones y subsidios de desempleo y de su eficiencia en el incentivo para la búsqueda de empleo. Aquí la ignorancia incluye el desconocimiento de la existencia de un 35% de desempleados, más de 1,5 millones de parados que no reciben ningún tipo de prestación. 

  

Que no todo es ortodoxia ideológica lo demuestra algún otro detalle. Por ejemplo que cuando cita los logros de las reformas del Gobierno se incluye la eliminación el déficit de tarifa eléctrico. Esta claro que en este aspecto alguien les ha vendido un Biscuter como si fuera un Ferrari. 

En resumen, nos encontramos con un Informe que en los aspectos vinculados a reformas estructurales combina, como suele ser habitual, un desconocimiento de la realidad sobre la que se aconseja con un elevado grado de apriorismo ideológico.   

De hecho no son dos cosas diferentes, sino dos caras de la misma moneda, el fundamentalismo teológico en que se han instalado algunos requiere del desconocimiento o falseamiento de la realidad para poder imponerse en el terreno de las políticas. 

De momento dejamos para otra ocasión las recomendaciones del FMI en los apartados referidos a consolidación fiscal, evolución del déficit i la deuda y plazos para conseguir la consolidación fiscal

PREGUNTA A MARIANO RAJOY AL CONGRÉS

LAS CLAVES DEL RESCATE PARA NO COMULGAR CON RUEDAS DE MOLINO

El Gobierno del PP se ha acostumbrado a gobernar negando la realidad, mintiendo a la ciudadanía, cambiando el nombre a las cosas, intentando que los ciudadanos nos tragemos las ruedas de Molino con las que justifican su acción de desgobierno. Con motivo del rescate bancario por parte de la UE esta estrategia ha adquirido su momento culmen. Antes, nos habian dicho que no habria dinero público para la banca, mientras dotaban al FROB de recursos con los que capitalizar Cajas y Bancos.

 Es verdad que no han sido ni los únicos ni los primeros, pero eso no es excusa. Incluso con motivo del primer Real Decreto Ley de reestructuración financiera, el 2/2012 llegaron a decir que los 6000 millones aportados al FROB no suponian una transferencia pública a los Bancos. Después, con el estallido de Bankia ya no ha sido posible negar la mayor, que se estaba capitalizando a Bancos y Cajas para salvar inversionistas institucionales con dineros públicos. Pero se ha continuado con la estrategia de los eufemismos para intentar engañar a la ciudadanía. La OPERACIÓN RESCATE EUROPEO es toda una demostración de hasta donde se puede llegar, cuando se pretende hacer comulgar a la ciudadanía con ruedas de Molino. Una semana larga preparando sicologicamente a la ciudadanía para el rescate. Una semana explicando que sería "blando" porque las ayudas los son a los Bancos y no el Estado. O para hecernos creer que no van a haber contrapartidas.

 La puesta en escena de Guindos ha sido patética, sobre todo cuando el comunicado del Eurogrupo ha desmentido todas sus trampas linguísticas y engaños. Algunas claves para descodificar los engaños: Los 100.000 millones de € que se facilitaran a Bancos españoles provienen de un Fondo Europeo que entra en vigor el 1 de Julio y que se nutre de las aportaciones de los Estados, o sea de los impuestos de los europeos, españoles incluidos. Los recursos que se ponen a disposición de la recapitalización de los Bancos se ponen a disposición del Estado Español a través del FROB, que es un organismo público, presidido por el subgobernador del Banco de España. Quien firmará el memorandum de compromisos en los próximos dias será el gobierno español.

Por último, que significa que no van a haber contrapartidas para los ciudadanos. Las contrapartidas ya se han producido y por anticipado. Que son sino la reforma laboral, sanitaria y educativa, los recortes en gastos públicos y prestaciones sociales. Pero no solo hay contrapartidas por anticipado, también las habrán de futuro. El Gobierno español se ha comprometido con el Pacto Fiscal de estabilidad (el que nace de la reforma constitucional PSOE PP) a reducir el déficit público en el 2013 al 3%. O sea una reducción de gasto público de más de 30.000 millones euros a añadir a los 29.000 del 2012. A menos claro, que el Gobierno nos diga que ha negociado un aplazamiento del ajuste fiscal,cosa que parece improbable. No solo van a haber contrapartidas sociales, sino que estas van a castigar a varias generaciones.

Y es ahí, donde topamos con el problema de fondo. El rescate bancario va a permitir capitalizar a bancos con recursos pùblico, europeos, pero públicos. Otra cosa es que contribuya a reactivar la economia y el empleo. Porque las familias continuan asfixiadas, cuando no hipotecadas y las empresas carecen de financiación. Y nada asegurar que con el rescate eso vaya a cambiar. Ha llegado el momento de decir las cosas por su nombre. Si las familias y empresas no se desendeudan no hay salida ni fácil ni rápida a la crisis económica. Y para ello es imprescindible que los Bancos acepten la quita (reducción) y reestructuración de la deuda de familias y empresas. Única manera de que la economia pueda volver a funcionar. Y que este coste vaya a cargo de los grandes inversionistas institucionales, los acreedores de bancos y Estados que hasta ahora han sido los grandes beneficiarios de los rescates de otros paises. Los inversionistas han de aceptar una reducción de sus créditos. Pero ahora, no depués de haber hundido a los paises en dificultades, incluido España.

 Las soluciones no son faciles, entre otras cosas porque durante 4 años se ha negado que el problema estuviera en el sistema financiero. Los poderes económicos no quisieron perder la oportunidad de aprovechar la crisis para pegarle un bocado a los salarios, derechos laborales y sociales, para hacer retroceder el Estado Social. Y para ello negaron que la carcoma estuviera en los bancos y dirigieron las contrareformas a desmontar los avances de cuatro dëcadas. Que las soluciones no sean faciles no justifica que el Gobierno actual, como el anterior, continuen engañando a la ciudadanía, intentando que los ciudadanos comulguemos con ruedas de Molino. Por eso se hace urgente poner en marcha una Comisión Nacional de responsabilidades que analice las causas y las responsabilidades del mayor desman financiero y económico de nuestra historia. Si el Congreso y su dinámica bipartidista bloquea la investigaciön, la sociedad debe levantarse en pie exigiendo que se ponga en marcha una verdadera investigación

CIES: UN MODELO A CAMBIAR URGENTEMENTE.

No es novedad. La inmigración ha sido siempre, en todos los países y momentos históricos una realidad tan humana, como necesaria y difícil de gobernar socialmente.

En los debates y los comportamientos sociales en relación a la inmigración aparecen desde las conductas más loables del ser humano hasta las más mezquinas. Lo que en momentos de crecimiento económico acaba siendo una pieza clave del funcionamiento de la maquinaria productiva, en las situaciones de crisis suele convertirse en uno de los chivos expiatorios de los problemas sociales. Alimentado por las conductas de aprovechamiento político de los instintos más deleznables del ser humano por parte de algunas personas con responsabilidad pública.

Lo acabamos de ver con el Real Decreto Ley 16/2012, mal llamado de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Es un ejemplo de libro de como la derecha utiliza la inmigración como coartada y chivo al mismo tiempo para justificar políticas que tienen componentes claramente reaccionarios en lo ideológico, injustos en lo social y profundamente ineficientes en el terreno económico.

En España, ni existe un gasto desmesurado en Salud, ni los responsables del incremento del gasto sanitario son los inmigrantes, ni se resuelve nada – al contrario se agrava- impidiendo el acceso de los inmigrantes sin permiso de residencia a la asistencia sanitaria pública. 

En materia de inmigración los gobiernos suelen practicar políticas que dan satisfacción a sentimientos populistas pero no resuelven los problemas. Es una política que unos practican por convicción – Gobierno Aznar o Rajoy- y a la que otros no se enfrentan claramente por flojera ideológica o tacticismo electoral. 

En este contexto,los Centros de Internamiento de Extranjeros han sido impugnados desde su creación por amplios sectores sociales y ONGs. En unos casos por la función que se les hace jugar, en otros por el deterioro de las condiciones de vida que se vive en ellos y que en algunas ocasiones han sido denunciados por ONG y organizaciones humanitarias. 

Estas son las reflexiones que nos llevaron a los diputados de ICV, Laia Ortiz y a un servidor ha solicitar la entrada en el CIES de Zona Franca de Barcelona. Dando continuidad así al trabajo realizado por el grupo parlamentario de ICV en el Congreso de Diputados en las anteriores legislaturas. 

A pesar de las incomprensibles negativas iniciales, una conversación mantenida en el Congreso, el día de la huelga general de la educación, con el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz- y de la que ha quedado testimonio gráfico-  ha servido para que se entienda lo incongruente que supone organizar una visita de la prensa al CIE de Barcelona, mientras se niega el acceso a los Diputados que lo habíamos solicitado.

Por fin hoy, diputados catalanes de todos los grupos del Congreso  hemos podido entrar en el CIES de Barcelona. Y lo primero que debo constatar es la actitud abierta de los responsables del mismo, deseosos de mostrar su funcionamiento. Lo que aún hace más incomprensible la negativa inicial del Ministerio del Interior a nuestra presencia. Y pone de manifiesto lo ilógico y absurdo de que se continúe negando la presencia en él del Síndic de Greuges para desarrollar sus funciones.

Nuestra visita pretendía dos objetivos: conocer de primera mano las condiciones de vida y funcionamiento del Centro y contribuir políticamente al trabajo de muchos sectores sociales y ONG para exigir un cambio en la regulación de los Centros de Internamiento y las funciones que les tienen encomendadas.

Es obvio que una visita programada y de esta naturaleza le resta espontaneidad y comporta riesgos de una visión parcial e interesada. En todo caso hemos podido constatar que las condiciones no tienen nada que ver con las del antiguo CIES de la Verneda y que son en términos comparativos mejores que la de otros centros de esta naturaleza. Lo cual no es óbice para constatar que hay muchas cosas que pueden y deben mejorarse para garantizar que la estancia en estas instalaciones no supone ningún menoscabo a los derechos humanos. Una de ellas en el terreno de la mejora de la asistencia sanitaria durante las 24 horas del día.

Pero más allá de estos aspectos concretos e importantes, la visita ha servido para constatar que los CIES se están utilizando en parte para situaciones no previstas en la legislación

Conviene recordar que los CIES están previstos en la Ley para circunstancias excepcionales. Y que no deberían usarse para internar a inmigrantes por el solo hecho de estar en situación administrativa irregular en nuestro país. Especialmente en unos momentos en que muchas de estas situaciones de estancia irregular son sobrevenidas, como consecuencia de la perversa legislación de extranjería, por la que una persona que lleve muchos años en nuestro país en situación regular puede pasar a ser irregular simplemente porque la perdida de empleo le comporta una avalancha de consecuencias administrativas que le convierte en un inmigrante irregular.

Hoy hemos podido comprobar que, aunque son los menos, en el CIEs de Barcelona, como en el resto, están ingresadas personas que están pendientes de expulsión, pero que no tienen ni condena ni antecedentes penales o policiales y a las que solo se les puede imputar la carencia de permiso de residencia en nuestro país. 

Es tal la barbaridad que los gestores policiales del centro han decidido separar a aquellos internos con antecedentes de aquellos a los que solo se imputa residencia irregular en nuestro país. Parece que el porcentaje de internos sin ningún tipo de antecedente es menor, alrededor del 12% en el CIEs de Barcelona. Pero siendo importante este dato, no puede ocultar que hay personas humanas que nunca debieron haber ingresado. 

Especialmente ilustrativo la conversación que hemos podido mantener con un interno de origen senegalés, con unas circunstancias de plena integración: estancia en España des de 2007, perfecto dominio del castellano, relaciones familiares estables y trabajo entre otras cosas en dos películas filmadas en nuestro país, alguna de gran difusión mediática. Un claro ejemplo de las situaciones que nunca debieran producirse. 

De esta visita salgo con el convencimiento profundo que es necesario revisar y de manera urgente la existencia de los CIES, la función que tienen encomendada y sobre todo las características de los supuestos en los que de manera muy excepcional el internamiento temporal y muy acotado en el tiempo, que no en los derechos, podría ser autorizado por Ley.

Ello es posible, especialmente en unos momentos en que la presión migratoria ha caído en picado y que la mayoría de personas en situación administrativa irregular lo son por causas sobrevenidas. Se puede y se debe revisar urgentemente la realidad de los CIES. 

Salvo que alguien quiera utilizarlos como un instrumento de la política del chivo expiatorio dirigida contra los inmigrantes. Y esa es la percepción que en algunos momentos me ha parecido detectar de los comentarios realizados por el diputado del Partido Popular de Catalunya que ha participado en la visita. 

Me gustaría, y mucho, equivocarme, pero aún resuenan en mis oídos algunos de sus comentarios y sobre todo las consignas que utilizó en la campaña de las últimas elecciones municipales y su eslogan de “menos inmigrantes y más aparcamientos”. 

Desgraciadamente algunos no quieren perder la oportunidad de sacar ventaja política de la compleja realidad de la inmigración y su gestión social y política. 

Espero que la visita haya servido para que la mayoría de diputados nos pongamos de acuerdo en la necesaria reforma de la  regulación y funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros.    

No son errores, es conflicto social en estado puro

Uno de los factores del agravamiento sin límites de la crisis y de sus consecuencias sociales es la reiterada negativa de los poderes económicos y de sus representantes políticos a identificar las causas profundas de la misma. Y lo que es peor, el aprovechamiento que de manera oportunista se ha hecho de la crisis para imponer contrareformas que suponen un ataque al Estado Social Europeo.
Algunas de estas contrareformas están teniendo un efecto boomerang y ante ello algunos de sus impulsores comienzan a  reconocer errores. Pero ello no comporta una reorientación de las políticas hegemónicas practicadas hasta ahora. Más bien al contrario parece una versión laica de la confesión sin penitencia para continuar con los mismos comportamientos.
Por ello es importante desenmascarar a quienes pretenden que todo lo que ha pasado es fruto de un cúmulo de errores provocados por la torpeza o la negligencia de los dirigentes bancarios o de los gobernantes. O lo que es peor, los intentos de diluir las responsabilidades entre todos los sectores sociales, organizaciones sociales  y partidos. Sin duda que desde el primer momento de estallido de la crisis pueden haberse producido decisiones que sean imputables a errores de apreciación o de enfoque. Pero el gran hilo conductor de estos 4 años no es un continuo de errores, casi todos en la misma dirección. Se trata de las consecuencias del comportamiento de una casta social que no ha querido desaprovechar esta oportunidad para imponer su modelo de sociedad y para aumentar su poder económico y político, lo que les permite continuar beneficiándose de una distribución tremendamente injusta de la renta.
Son tantos los “errores” cometidos durante estos años que en ocasiones incluso se nos pueden olvidar. Y ahora, cuando algunos comienzan a reconocer que fue un error menospreciar los riesgos acumulados en el sistema financiero español, no esta de más hacer una recopilación de los muchos “errores” cometidos. Demasiados como para considerarlos una sucesión de errores.
No fue un error ignorar reiteradamente que el crecimiento de la desigualdad provocado por una globalización sin reglas ni contrapoderes sociales o políticos está en el origen de la crisis.
No fue un error incentivar el endeudamiento generalizado como el placebo que permitía a las familias mantener una elevada capacidad de consumo con la que satisfacer las necesidades del sistema económico, a pesar de que las rentas del trabajo iban perdiendo capacidad adquisitiva.
No fue un error negar la burbuja especulativa, en el terreno inmobiliario, pero también en la valoración de los activos empresariales y de todo tipo.
No fue un error las continuas reformas fiscales que erosionaron las bases fiscales del país, haciéndolas más insuficientes e injustas. s.
No fue un error compensar esta caída de los ingresos fiscales con los que proporcionaba la especulación inmobiliaria.
No fue un error sostener que la reducción de impuestos sin más era de izquierdas.  
No fue un error pensar que la burbuja especulativa se iría desinflando lentamente sin provocar un cataclismo económico.
No fue un error negar que la crisis tuviera un importante componente propio provocado por el perverso modelo de crecimiento español sobre las arenas movedizas de la especulación.
No fue un error negar que el sistema financiero español tuviera sus peculiares activos “sub prime” y sus propios activos tóxicos.
No fue un error decir que el sistema financiero español era de los más solventes del mundo.
No fue un error identificar la supuesta rigidez del Mercado laboral español como la causante del  desempleo. Obviando la asfixia financiera a la que bancos y cajas han sometido a las empresas y la economía española.
No fue un error negar reiteradamente que el sistema financiero español ha sido el principal responsable de la destrucción de empleo.
No fue un error señalar como principal problema el déficit público, cuando en el origen de la crisis está la inmensa deuda privada, canalizada a través de endeudamiento financiero con el exterior.
No fue un error identificar los derechos de los trabajadores y los derechos ciudadanos reconocidos por el Estado social como los causantes de los desequilibrios fiscales.
No fue un error convertir a los trabajadores con derechos en los culpables de la precariedad de otros trabajadores.
No fue un error convertir a los empleados públicos en privilegiados.
No fue un error hacer de los inmigrantes los chivos expiatorios de la crisis y confrontarlos con sus conciudadanos.
No fue un error aceptar que el ajuste se debía producir en el terreno de la Reforma Laboral y de la reducción de gasto social y no en la restructuración financiera.
No fue un error que Gobiernos y Banco de España permitieran a una casta financiera y política perpetuarse en el control de las entidades financieras.
No fue un error canalizar las necesidades de capitalización de las caja hacia la comercialización a particulares de participaciones preferentes como meros productos de ahorro, cuando los inversores institucionales ya habían huido de estos mercados por el riesgo que comportaban.
No fue un error permitir que la reforma financiera se hiciera no con criterios de eficiencia económica, sino para mantener las cuotas de poder de la casta que las controlaba.
No es un error camuflar las responsabilidades de la crisis detrás de un falso conflicto bipartidista, cuando en el terreno financiero y laboral existe un continuismo en las políticas practicadas.
No es un error que el gobierno actual niegue reiteradamente la grave situación del sistema financiero y que esta es la causa más profunda de la recesión económica.
No es un error negar que la restructuración financiera se estuviera haciendo y se iba a hacer en el futuro con recursos públicos, españoles o europeos, de manera directa a indirecta.
No es un error decir que los mercados elevan la presión sobre los tipos de interés que nos exigen porque nuestra deuda pública es elevada, cuando en realidad su comportamiento viene motivado por el convencimiento que la elevada deuda privada acabará siendo deuda pública.
No es un error elevar los impuestos sobre el trabajo, las tasas en el acceso a derechos sociales fundamentales y prestaciones básicas y no sobre el capital o las grandes fortunas.
No es un error, aprovechar la crisis para desregular, individualizar las relaciones de trabajo, debilitar la negociación colectiva y privatizar los mecanismos de intermediación laboral
No es un error pretender que las tensiones de financiación del sistema sanitario vienen en un exceso de gasto y no de una insuficiencia de recursos.
No es un error criminalizar a sindicatos y movimientos sociales para evitar la aparición de cualquier forma de contrapoder social.
Y no será un error si ahora se intenta aprovechar la nueva fase de la reconversión financiera para imponer nuevos recortes en derechos y prestaciones sociales mientras se salvaguardan los intereses de los grandes inversores institucionales.
Sin duda se han producido errores en la gestión de la crisis, pero lo que explica el grueso y la orientación de las medidas adoptadas no son errores ni técnicos, ni políticos. Es la expresión de un conflicto social en estado puro. Los poderes económicos y sus representantes políticos han querido salir indemnes de la crisis y sobre todo aprovecharla como su gran oportunidad para imponer contrareformas que consoliden su poder económico y político.
Es por eso que para poder dar una respuesta en el terreno social y político es imprescindible que comencemos por desmontar las dos explicaciones “bienintencionadas” que según algunos explican la gravedad de la crisis.
La que apunta a los errores cometidos, mientras intenta conducirnos por el mismo camino.
Y la de los que ante cualquier situación o debate pretende generalizar las responsabilidades para diluir la de aquellos que desde el principio de la crisis han impuesto sus respuestas en representación de sus intereses de casta.