TRANSICIÓN: COMPARACIONES IMPOSIBLES

Es cada vez más frecuente leer análisis ucrónicos de la Transición española. Frente a quienes la idealizan como un proceso inmaculado, con el objetivo de perpetuarla, surgen voces con regusto adanista, normalmente de generaciones distantes, o de distantes opinantes, que la condenan con ojos de hoy.

La Transición, como muchos otros momentos históricos, dista mucho de ser un proceso lineal. Fue hija de muchas luchas, de muchas fortalezas y sobre todo de muchas impotencias: la de los herederos del franquismo, que no pudieron imponer sus deseos iniciales de una "democracia orgánica" postfranquista; la de las fuerzas democráticas, con capacidad para bloquear el continuismo pero sin fuerza suficiente para imponer una ruptura.

No comparto la idea de quienes, desde la cómoda atalaya de tres décadas de democracia, teorizan que fue posible hacer más ruptura, pero que los pactos políticos lo impidieron. Quienes hacen esta lectura, obvian que la democracia no estaba descontada ni garantizada de antemano. Obvian que Franco murió en la cama. Obvian que una buena parte de la sociedad se había acomodado a una mejora relativa de su nivel de vida a costa de la falta de libertades. Obvian que los fascistas asesinaban, como en el despacho laboralista de CCOO de Atocha, con la connivencia de los aparatos del poder. Obvian que el riesgo de marcha atrás era real, como se demostró en el 23F. Obvian el factor desestabilizante del terrorismo de ETA y otros. Obvian que en España se libraba más de una batalla, la democrática y también la de la guerra fría en el sur de Europa. Obvian que esa guerra fría provocó una evidente falta de unidad democrática. Obvian que a finales de los 70 se libraba no solo la batalla por la democracia, sino por su control. Obvian que los dos bloques de la guerra fría, confrontados por el control de Europa, coincidían en no querer las democracias del sur de Europa gobernadas por partidos de izquierda no subalternos del poder económico. Obvian que la Transición se produjo en medio de la primera de las crisis del capitalismo industrialista, una crisis que afectaba a todos los países desarrollados, pero especialmente a una economia cerrada que vivía su primera reconversión industrial. Obvian que las luchas obreras de aquellos días expresaban gran capacidad de resistencia, pero eran también el primer indicio de que el hábitat natural del sindicalismo industrialista comenzaba a desaparecer.

La lista de cosas que obvian los que analizan con ojos del 2014 la Transición de hace cuatro décadas es tan larga, que obliga a tomar distancia histórica de estas lecturas ucrónicas.

Lo que sí me parece evidente es que los impulsos positivos y transformadores de aquel proceso hace tiempo que se han agotado, y hoy son una rémora. Que las propias limitaciones con las que nació entonces, hoy se han convertido en corsés que impiden su evolución. Por citar solo algunos ejemplos: un modelo de democracia representativa, sin espacio para la democracia participativa; tres referéndums en 35 años, que lo dicen todo; un sistema electoral preparado para fortalecer a los partidos, muy débiles entonces, frente a los ciudadanos, y para garantizar una alternancia política dentro de un orden; un modelo territorial construido desde el tacticismo y para el tacticismo permanente, sin una sola fuerza política o social estatal con un proyecto inclusivo para toda España; un compromiso implícito de no discutir la forma de Estado como monarquía parlamentaria... La lista es larga.

A estas limitaciones y corsés de origen se añaden las derivadas de un proceso de globalización económica, que ha desequilibrado hasta extremos insufribles la fuerza de los mercados financieros y la de la sociedad organizada políticamente. Estas constataciones deberían llevarnos a un acuerdo de mínimos. Sin ningunear lo que supuso la Transición a la democracia, constatar que su fuerza propulsora está agotada y que, en estos momentos, se ha convertido en un freno.

Demostrando lo contradictorios que somos los humanos, no puedo evitar una comparación imposible, al calor de la muerte de Suárez. Por supuesto, no lo considero el "forjador" de la democracia, como ampulosamente se ha dicho estos días. Pero no se puede obviar que supo, desde lo más profundo del Régimen, canalizar un proceso no fácil. Y que para ello tuvo que romper dos tabús franquistas: el de la España roja y el de la España rota.

Hoy, nadie debería olvidar que Suárez legalizó el PCE, cuando sus apoyos políticos defendían mayoritariamente lo contrario. Y que  reconoció la legitimidad republicana de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat preconstitucional fue el único factor de ruptura institucional con el franquismo. Todas las demás instituciones nacen de la evolución del franquismo y de la voluntad de la ciudadanía, expresada en el referéndum constitucional. El Gobierno Tarradellas, previo a la Constitución, tomó su legitimidad de la República.

Reconozco que es una comparación imposible, pero no me he podido resistir a ella con los tiempos que corren.

EUROPA ENS PROTEGEIX DE RAJOY

És tal la caiguda de drets i la desprotecció a la que ens estan sometent les polítiques del PP, que cada cop més sovint els tribunals espanyols han d'aplicar el Dret de la Unió Europea i el Dret internacional per protegir els drets de la ciutadania.

Algunes d'aquestes situacions de desprotecció vénen de lluny. Però el Govern Rajoy les ha agreujades i ha augmentat el nombre de casos en què, per garantir els nostres drets, hem d'anar a buscar tutela fora de la legislació i dels tribunals espanyols.

Les famílies hipotecades i desnonades van haver d'acudir al Tribunal de Justícia de la UE i a l'aplicació de les Directives de la UE per trobar la protecció que la legislació espanyola els negava i els continua negant.

Ha estat també el Tribunal de Justícia de la UE que, en una sentència, ha obligat el Govern espanyol a modificar la legislació de Seguretat Social per evitar la desprotecció en què es trobaven les persones amb contracte a temps parcial, dones en un 75% dels casos.

Els Tribunals de l'Ordre Social es veuen obligats a aplicar la Directiva d'acomiadaments col·lectius de la UE per protegir els treballadors acomiadats per causes econòmiques, davant la desprotecció en què han quedat després de la Reforma Laboral de PP i CiU.

Un Jutjat de l'Ordre Social de Barcelona ha aplicat la Carta Social Europea per protegir els drets dels treballadors i les treballadores enfront del període de prova abusiu del contracte d'emprenedors de la Reforma Laboral de PP i CiU i la inhibició del Tribunal Constitucional, que no dicta sentència en temps raonable i útil.

Coneguda per la seva repercussió social i política és la sentència del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg sobre la doctrina Parot, que recorda que, més enllà del sentiment de solidaritat amb les víctimes i el rebuig als assassins, les penes de presó no es poden aplicar amb efectes retroactius.

I ara, un Auto del Jutjat d'Instrucció 1 de l'Audiència Nacional ha deixat Rajoy i el seu Govern amb el cul a l'aire des d'una perspectiva democràtica. A les poques hores d'entrar en vigor la Llei que acaba amb la Justícia Universal i atorga impunitat a màfies i dictadors, el jutge Pedraz decideix mantenir viva la instrucció per l'assassinat de Couso, en base a l'aplicació del IV Conveni de Ginebra per la protecció dels civils en temps de guerra, que obliga els Estats signants a perseguir aquest tipus de delictes, sigui quina sigui la nacionalitat dels responsables i el lloc on estiguin. Exactament, el que prohibeix la Llei Orgànica 1/2014, aprobada per tràmit d'urgència i sense debat contra els tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya.

La llista és molt més llarga i posa de manifest dues coses: el grau de desprotecció en què ens està deixant el PP exercint el seu peculiar concepte de sobirania nacional i, en positiu, la importància cada cop més gran per als ciutadans de la normativa de la Unió Europea i el Dret Internacional.

Potser sigui una evidència més que un món nou està emergint, lentament però inexorablement. I que les fronteres ja no són el que eren. Afortunadament.

TEOLOGÍA SALARIAL

Cada vez hay más evidencias de cómo la crisis ha servido de coartada para imponer contrarreformas por las que los poderes económicos venían suspirando desde hacía décadas.

Y cómo, para imponer estas contrarreformas, se han utilizado afirmaciones falsas que, defendidas con argumentos aparentemente científicos y vendidas machaconamente por los medios de comunicación, han adquirido la condición de verdades teológicas. O sea, actos de fe no discutibles por la razón.

Un caso muy evidente es el de la supuesta rigidez salarial que, según los teólogos de la  desregulación, viene provocada por la rigidez de la negociación colectiva y el exceso de protección de los salarios que dispensan los convenios.

Si recuerdan bien, este fue el argumento utilizado para "convencer" al Gobierno Zapatero de la necesidad de su Reforma Laboral en 2010. Una Reforma, la del PSOE, que hizo de "sherpa", abriendo camino a una más dura Reforma Laboral de PP y CiU de 2012, que  consumó un ataque en toda regla al poder de negociación de los trabajadores y a los salarios.

El argumento utilizado fue que, a pesar de la crisis económica y del aumento del paro, los salarios continuaban creciendo. Y que ello obedecía a la obcecación de las organizaciones sindicales y a la supuesta "rigidez" de nuestro modelo de negociación colectiva, que impedía los ajustes salariales para adaptarlos al ciclo económico a la baja. Y que ello era lo que provocaba el aumento de los despidos. 

De nada sirvieron las evidencias, los muchos acuerdos de adaptación salarial e incluso de descuelgue en la aplicación salarial de los convenios.

Ahora, un trabajo de técnicos del Banco de España desmiente lo que fue el fundamento de aquellas reformas laborales en materia salarial. A saber: que durante los primeros años de la crisis 2009/2010, no bajaron los salarios en términos reales.

A partir de las diferentes fuentes y especialmente de la Muestra Continua de Datos Laborales (MCDL), que permite un seguimiento de la evolución real de una muestra de salarios, se comprueba que estos ya comenzaron a bajar en los primeros años de la crisis, 2009/2011. Y que lo han hecho con mucha más crudeza a partir del 2012.

Este trabajo explica que los datos salariales de entonces eran solo un espejismo "estadístico", provocado por lo que se conoce como ‘efecto composición’, convenientemente manipulado. En la medida en que la crisis destruyó más puestos de trabajo no cualificados y se mantuvo una proporción mayor de puestos de trabajo cualificados, las estadísticas reflejaban un mantenimiento de los salarios que respondía más al cambio de la composición estadística que a la verdadera evolución de los salarios, que ya era a la baja.

Eso se sabía ya entonces. Algunos informes sindicales lo explicaron y algunos lo defendimos públicamente. Lo sabían también los teólogos de la desregulación. Pero más fuerte que la realidad fue la estrategia de provocar una devaluación salarial como estrategia de respuesta a la crisis ante la imposibilidad de devaluación monetaria. Y como el botín de la devaluación salarial les pareció escaso para tamaña oportunidad ofrecida por la crisis, decidieron pasar a la caza mayor.

Aprovecharon la oportunidad de la crisis para provocar un cambio estructural en las reglas de negociación colectivaque debilitara el poder de negociación de los trabajadores organizados. Y que se mantuviera incluso después de la crisis.

Por eso Rajoy rechazó el Acuerdo de Rentas firmado durante las primeras semanas de su Gobierno por sindicatos y patronal para moderar rentas (salarios y beneficios)  a cambio de mantener la capacidad de la negociación colectiva. Rajoy se cargó ese acuerdo con su Reforma Laboral, el Decreto Ley 3/2012. A pesar de que su ministra Báñez haga constantemente ostentación de él, de forma tan cínica como obscena.

Mirando al futuro, la Reforma Laboral nos deja una herencia que no solo afecta a sus principales perjudicados, los trabajadores, sino que tiene importantes efectos colaterales que afectan negativamente a la Seguridad Social y a la economía.

La bajada de salarios impide que se reactive el consumo familiar, que está en la base de una buena parte del empleo en España y por tanto dificulta la reducción del desempleo masivo y crónico. Además, es lo que explica que aunque en el futuro aumente el numero de afiliados a la Seguridad Social, no se incremente la  recaudación de cotizaciones,  porque los salarios medios son más bajos y en consecuencia las bases también lo son. Y por tanto, se incremente el desequilibrio económico de la Seguridad Social.

Por eso no les extrañe si a partir de ahora comienzan a leer informes que apuntan al exceso de devaluación salarial, como si este proceso fuera una plaga fruto de una maldición bíblica. Hasta es posible que estos informes vayan acompañados de los consabidos comentarios de tertulianos denunciando la debilidad e inoperancia de los sindicatos.

Y no les extrañe si los técnicos y los tertulianos son los mismos que actuaron como Acorazada Brunete de la Comunicación para abrir paso a la teología de la rigidez salarial.  En el fondo, el objetivo último de la “doctrina del shock” es que a la salida de la crisis no existan fuerzas sociales o políticas con las que contrapesar y contraponer a la fuerza de los mercados de capitales.

EMPLEO: A RAJOY LAS MENTIRAS NO LE DURAN NI 24 HORAS

El resumen del debate del Estado de la Nación bien podría ser “Se pila antes a Rajoy que a un mentiroso”.

Sin duda, Rajoy tiene el derecho a presentar el resultado de sus políticas por su lado bonito, aun cuando ningún ángulo sea bueno. Incluso forzando la interpretación de la realidad.

Puede comprenderse que Rajoy eludiera debatir del aumento de la desigualdad y pobreza durante su mandato. Incluso que dijera que este aumento se inició antes de su llegada a la Moncloa -cosa cierta-.
 

Hasta podría comprenderse que no quisiera hablar de la caída de los salarios en estos dos años de su Gobierno. Aunque cuesta más entender que insistiera en los benéficos efectos de la Reforma Laboral PP-CIU, justo al mismo tiempo que el Banco de España reconocía que la caída de salarios durante el 2012 fue más intensa de lo inicialmente reconocido por el propio Banco y el Gobierno.

Hay opiniones que entran en el terreno de la valoración política y son legítimas. Pero durante estos dos días Rajoy ha superado todos los límites aceptables de la mentira sobre la realidad del empleo.

Ha intentado manipular a la ciudadanía, presentando la reducción de parados registrados como creación de empleo. Cuando sabe o debiera saber que la reducción del paro registrado – mínima- no obedece a la creación de empleo sino a la caída de la población activa, fruto de factores demográficos, del retorno de inmigrantes a sus países y de la salida de emigrantes españoles al exterior.

Además resulta del todo inaceptable que durante dos días repitiera innumerables veces – perdí la cuenta- que los afiliados a la Seguridad Social de Enero del 2014 han aumentado en relación a los de Enero del 2013. Porque eso es radicalmente falso.

Según los propios datos de la Tesorería de la Seguridad Social  la media de afiliados del mes de Enero del 2013 eran 16.179.438 afiliados y ha descendido en Enero del 2014 a 16.173.609.

Pero lo que ya deja a Rajoy en el ridículo más espantoso es la publicación hoy 27 de febrero, cuando aún no ha terminado el debate del Estado de la Nación, el INE publica los datos de Contabilidad Nacional del 4º trimestre del 2013. En ellos se confirma que el Empleo medido en términos equivalentes a tiempo completo y corregido de los efectos estacionales y de calendario continua cayendo. Tanto en el conjunto de ocupados, como en los trabajadores asalariados.

En el 4º trimestre del 2013 hay 265.000 empleos equivalentes a tiempo completo menos que un año antes, en enero de 2012. Una caída del 1,6% que es mayor entre el empleo asalariado (-1,9%) y mucho mayor en la Industria, donde la caída continúa siendo muy intensa, el 4,8% menos en un año.

Estos datos de contabilidad nacional nos dicen tres cosas. Que la Reforma Laboral está precarizando el empleo, provocando un proceso de substitución de empleo a tiempo completo por tiempo parcial. Que los datos confirman la percepción que tiene la gente en las empresas y en la calle, el empleo no crece y España no avanza.

Y que Rajoy miente tanto que se pilla a él antes que a un mentiroso.

LAS MENTIRAS Y MANIPULACIONES DE RAJOY

Rajoy en el debate del Estado de la Nación nos ha hablado de su nación de "cartón piedra". La que solo existe en sus discursosy campañas de  imagen. La realidad social del aumento de la pobreza y la desigualdad parecen no existir para Rajoy. Es una realidad que se niega a ver.

Pero no solo no ha hablado de los negativos e injustos impactos de sus políticas en la gente. Se ha atrevido a decir cosas que son evidentes mentiras y que en una democracia madura le obligarían a dimitir.

Cuando ha dicho que se resistió a las presiones de la OCDE y el FMI para bajar las prestaciones de desempleo, miente. Lo hizo en julio 2012 con el  Decreto Ley 20/2012 que aprobó recortes importantes que afectan especialmente a mayores de 50 años y que han provocado una caída de 10 puntos (del 71% al 61%) en la tasa de cobertura de los desempleados.

También miente cuando alardea de la prórroga del programa Prepara, escondiendo que esta prórrogafue acompañada de una reforma que aumenta los requisitos de acceso a la prestación y que ha reducido al mínimo sus beneficiarios.

En medio de tantas mentiras ha soltado su nueva promesa, la de la supuesta reducción de cotizaciones para las empresas. Es el momento de recordar que hace 20 meses, cuando presentó el rescate de la banca, ya anunció una reducción de dos puntos en las cotizaciones empresariales. Para  compensar, dijo, la subida de impuestos de la renta e impuestos indirectos. La subida de impuestos al trabajo y al consumo se materializó, pero la bajada de cotizaciones nunca. Y aún esperamos una explicación a su mentira en sede parlamentaria.

Así las cosas, no podemos evitar pensar que estemos ante otra promesa trampa que durara lo que dure el debate del Estado de la Nación y los titulares de prensa. Por eso ya he presentadouna petición de comparecencia urgente de la Ministra de Empleo para que explique con detalles  la medida anunciada.

De los requisitos anunciados para acceder a la tarifa plana se deduce que serán pocos los contratos que se beneficien.

Por eso es el momento de preguntar a la Ministra, a cuantos contratos considera que afectara esta tarifa plana. Si también se aplicará a contratos a tiempo parcial. Quien pagará el diferencial de ingresos de la Seguridad Social,  el Estado vía impuestos o los pensionistas vía recortes. Si se reducirán solo las cotizaciones empresariales o también la de los trabajadores. Porque ha optado por una forma de deducción de cotizaciones que beneficiamás a los salarios altos.

Estas y otras preguntas deberían contestarse pronto. Esperemos que esta vez la Ministra no se niegue a comparecer y podamos conocer si estamos ante otra medida trampa, ante otra manipulación política.

LA REFORMA FISCAL QUE NECESITAMOS (1)

Aunque el momento no es el más favorable, urge una reforma fiscal en profundidad. Necesitamos aumentar los ingresos impositivos del Estado, porque es social y económicamente insostenible afrontar el equilibrio presupuestario de todas las administraciones públicas por la vía de recortar más los gastos. No hay margen económico y tiene graves impactos sociales.

En cambio, no parece ser ésa la orientación del Gobierno, a la vista de las primeras filtraciones o globos sonda. Todo apunta a un lavado de cara para tapar las vergüenzas por los incumplimientos fiscales del PP, con propuestas que pueden agravar la regresividad de nuestro sistema fiscal y hacer avanzar en la privatización del Estado social. Todo con la coartada ideológica de las “clases medias”.

Conseguir el imprescindible aumento de la recaudación sin penalizar más a los de siempre y sin poner trabas a la inversión es complicado en un momento con escaso dinamismo económico, un desempleo cronificado, una caída generalizada de salarios y un fuerte endeudamiento de las familias. Eso sin olvidar que, en paralelo, se estará negociando un nuevo acuerdo de financiación autonómica.

En todo caso, no creo que el principal problema esté en la  complejidad de hacer compatibles todos estos objetivos, sino en la ideología fiscal del PP y en su nula voluntad y capacidad de diálogo social y político, como se ha demostrado durante toda la legislatura. Mucho me temo que los objetivos del PP sean una  campaña de imagen, una compensación –más aparente que real– a determinados sectores sociales y medidas fiscales favorecedoras de la privatización del Estado social. Me gustaría equivocarme, pero la patita que ha enseñado Montoro va por ahí.   

En el debate social imprescindible antes de adoptar ninguna medida, lo primero que deberíamos hacer es constatar que no sirven más  parches, porque el impulso dado con la reforma fiscal constituyente de 1978 hace décadas que quedó agotado. Al menos, desde que en 1993 comenzó a torcerse el rumbo de la suficiencia, la equidad y la eficiencia del sistema fiscal. Fue Solbes quien inició el camino de primar las rentas del ahorro y el capital frente a las del trabajo en el IRPF. Lejos queda en el recuerdo la progresividad del impuesto de sucesiones y donaciones de 1986, sobre todo si se compara con la regulación actual de unas CCAA inmersas en una carrera desfiscalizadora de la herencia guiada por el objetivo del dumping fiscal.

Además, sucesivas reformas parciales han convertido la fiscalidad española en una selva normativa en la que solo se mueve bien la elusión, la evasión y el fraude fiscal.Eso, sin olvidar los “errores”, que por reiterados se han convertido en opción consciente, en el tratamiento fiscal favorecedor de la propiedad de la vivienda y no el alquiler. Lo que sin duda alimentó al monstruo de la burbuja inmobiliaria, ya de por si cebado por el bajo precio del dinero.

Por eso necesitamos una reforma en profundidad, que comporte una fuerte discontinuidad en la política fiscal que durante décadas han compartido el PP y el PSOE –con una clara indistinción ideológica–. Y siempre con la participación destacada de CiU y los intereses corporativos que defiende, vestidos de objetivos catalanistas.

Sin duda, el escenario político no es el mejor, pero no por ello debe abandonarse la batalla de las ideas y las políticas en un terreno, el de la fiscalidad, que es determinante para el modelo de sociedad, comenzando por recordar los principios rectores que la Constitución impone a la política fiscal: suficiencia en los ingresos para garantizar las funciones del Estado, equidaden los esfuerzos fiscales en función de capacidad económica, progresividad en la carga fiscal y eficiencia en su distribución.

Ello, a partir de una realidad que se sitúa en el extremo contrario. Hoy tenemos una fiscalidad insuficiente, con un diferencial de ingresos en relación a la media de la UE que, según fuentes de Eurostat para el 2012, es del 9,9% del PIB, o sea 100.000 millones de euros menos de ingresos fiscales. Una fiscalidad profundamente injusta en el reparto de los esfuerzos, que castiga a las rentas del trabajo frente a las del capital. Injusticia que tiene como principal causa un fraude socialmente muy extendido y sobre todo la elusión fiscal que practican los grandes patrimonios y las  corporaciones multinacionales. Una fiscalidad que ha perdido una buena parte de su progresividad. Una fiscalidad poco eficiente en el uso de los recursos, que se visualiza en la orientación de las inversiones en infraestructuras o en la debilidad de la fiscalidad ambiental, por citar dos ejemplos. 

Y para cumplir los mandatos de suficiencia, equidad, progresividad y eficiencia, es condición imprescindible avanzar en la estabilidad normativa que dificulte la elusión y el fraude; la simplicidad reguladora, que no puede confundirse intencionadamente con menor progresividad en la carga fiscal y en la armonización fiscal española y europea. En una economía globalizada, la soberanía fiscal, para ser real y no ficticia, requiere caminar hacia la armonización, si no se quiere dejar en manos del capital global la orientación de las políticas.

Como quiera que la fiscalidad no depende solo de las leyes y la gestión tributaria es clave, resulta vital dotar de más medios para poder luchar eficientemente contra el fraude y la elusión fiscal. Y desgraciadamente, los últimos acontecimientos en la Agencia Tributaria confirman que el Gobierno no tiene voluntad política de atajar el fraude allí donde está más generalizado y hace más daño, los grandes contribuyentes. Y que, objetivamente, el PP actúa como aliado de los evasores y defraudadores fiscales.

Un último requerimiento: la política fiscal no puede continuar ignorando a los sectores sociales que son receptores netos de recursos públicos, los que viven el sistema fiscal por la cantidad y calidad de servicios públicos que reciben. Desgraciadamente para ellos, son los que tienen menos capacidad de presionar políticamente; porque no tienen instrumentos para generar opinión publicada y porque en muchas ocasiones se abstienen de decidir con su voto.

Algunos importantes medios de comunicación ya han comenzado a marcar el terreno al Gobierno, editorializando una vez más sobre la  elevada presión fiscal española. ¿Elevada, para quién? No será para las grandes corporaciones, o para las SICAVS, o para los grandes patrimonios.

En materia fiscal, la "opinión publicada" juega un papel clave en la batalla política. Si hay un ámbito en el que los creadores de opinión no se substraen a su estatus económico, a los intereses de los grupos para los que trabajan, es el de la fiscalidad. Confunden sus intereses personales, de grupo social, con los intereses generales del país y contribuyen a la hegemonía ideológica de las políticas desfiscalizadoras. Y lo hacen aprovechándose del poder para dominar las mentes que comporta disponer de mecanismos para formar opinión en la ciudadanía.

Sin libertad para pensar, la democracia es débil; y sin medios de comunicación no sometidos al poder económico, no hay libertad real de pensamiento. Y la democracia pierde uno de sus atributos fundamentales, el de ser instrumento de igualdad social.

ELS DESNONAMENTS TORNEN AL CONGRÉS

Si el PP creia que, segrestant parlamentàriament la ILP, impulsada per la PAH, sindicats i organitzacions socials i avalada per 1,5 milions de signatures, acabava amb el debat de les famílies hipotecades i els desnonaments, anava molt errat.

El dramatisme de la situació, la perseverança en la lluita i la solidaritat de la PAH i la insistència d’alguns per acompanyar i donar suport a aquesta lluita en les institucions, manté el conflicte més viu que mai.

La primera iniciativa que veurà el Congrés en l’actual període de sessions serà una Proposició de Llei del Parlament de Catalunya, aprovada en la darrera legislatura, a partir del treball de la Comissió de Justícia, presidida aleshores pel company i amic Salvador Milà. Estem, doncs, davant d’una nova oportunitat per encarar el problema de fons i adoptar solucions reals i ràpides.

Durant dos anys el Govern Rajoy, com abans el Govern Zapatero, s’ha negat a encarar el que, junt amb un atur massiu i crònic, és el principal problema de la nostra societat. Les solucions no son fàcils, perquè les dimensions de l’endeutament hipotecari són tan gegantines com el frau social que hi ha al darrere. Però la raó que no s’hagi afrontat aquest drama social no està en la complexitat de les solucions, sinó en què des del poder polític no es vol afectar el mercat hipotecari. El PP continua posant els interessos dels titulars de cèdules hipotecàries (uns 333.938 M€) per davant del dret constitucional de les famílies a disposar d’habitatge.

El conflicte social és molt evident i intens, i per això el govern Rajoy ha combinat immobilisme amb mesures cosmètiques, sempre improvisades i a remolc de les mobilitzacions socials.

Avui ja disposem de dades que confirmen el que intuíem: les mesures adoptades no resolen el problema i estan només orientades a un rentat de cara i, en el millor dels casos, de mala consciència.

El Codi de Bones Pràctiques Bancàries de Guindos, adoptat fa dos anys com a resposta a una Interpel·lació del grup “Izquierda Plural” ha resultat un fracàs. En un període en què s’han produït prop de 120.000 desnonaments, s’han pogut presentar 9.861 sol·licituds per acollir-se al Codi, de les quals el 48% han estat denegades. Només 2.300 famílies han pogut accedir a algunes de les modalitats de reestructuració del deute. I només 6 han obtingut una quitança en el import del seu deute. És il·lustratiu comparar-ho amb les desenes de milions d’euros de quitança que els promotors immobiliaris han obtingut dels mateixos bancs, que les neguen a les famílies. Cal recordar que el forat provocat per aquestes quitances a les immobiliàries l’està pagant la ciutadanía amb el rescat bancari.

Un altre prova del fracàs el Codi de Guindos el tenim en les dades del Banc d’Espanya. Durant el 2012 es van produir 15.174 dacions en pagament, i en sis mesos del 2013, unes 8.856, la qual cosa confirma que la majoria d’aquests acords de dació en pagament s’han fet en negociacions privades o promogudes per les mobilitzacions de la PAH, i no en el marc el Codi de Guindos.

Un altre frau polític del PP ha estat el “Fons Social d’Habitatge” per lloguer social, constituït per 6.000 vivendes propietat dels Bancs. Els requisits d’accés son tant restrictius que només s’han presentat 1.259 sol·licituds i s’han adjudicat 637, amb només 410 contractes signats fins ara.

Una vergonya, per tots els costats. Perquè els bancs han facilitat en general el estocs d’habitatges més deteriorats. I perquè han quedat fora d’aquest Fons tots els habitatges del SAREB –Banc Dolent–, fruit el procés de sanejament bancari. El Govern es nega a posar una part del patrimoni del SAREB, constituït, cal recordar, amb fons i avals públics, al servei d’una política social de lloguer. L’argument del Govern és la necessitat d’evitar pèrdues al SAREB, però la realitat és que s’està utilitzant per promoure una altre negoci, en aquest cas per part de Fons d’Inversió de tot el món, que estan comprant el millor  patrimoni del SAREB a preus de saldo i ens deixaran els patrimonis més danyats. Per si això fos poca cosa, el Govern acompanya aquest negoci d’una política obscurantista, negant la informació a aquest diputat amb l’excusa que el SAREB és una empresa de majoria privada. Cal ser pocavergonya.

Així, podríem repassar els resultats de cada una de les mesures aprovades pel govern Rajoy, que, obligat per la mobilització social i per la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, va aprovar una Llei que ha introduït canvis en les subhastes, en la impugnació de clàusules abusives en les hipoteques. Però cap d’elles no està tenint resultats significatius. I la raó és que no es vol encarar el problema de fons, ni adoptar solucions reals, per tal de no afectar “negativament” el mercat de les cèdules hipotecàries.

El drama de les hipoteques, lluny de minvar, continua augmentant la seva dimensió humana i també econòmica. 600.000 famílies estan atrapades en hipoteques per més valor que els seus habitatges. La morositat familiar no para de créixer. Segons el Banc d’Espanya, el 5,6% en el tercer trimestre del 2013, quan fa un any era del 3,48%. I això en una societat amb una taxa d’atur del 26%, 2 milions d’aturats sense prestació, 1,4 milions de llars sense cap ingrés, el 12,3% dels treballadors amb feina amb ingressos sota el llindar de la pobresa i 3 milions de persones en situació de pobresa extrema. I mentrestant, alguns pretenen que la solució és continuar abaixant salaris. De bojos; o millor, insaciables i suïcides alhora.     

Tres són els eixos bàsics d’una solució real: el primer, posar en marxa un procés real i efectiu de reestructuració dels deutes hipotecaris de les famílies, que redueixi significativament el seu endeutament i els permeti viure dignament. Hi ha raons ètiques i de justícia, però també econòmiques. És evident que aquesta aposta té costos econòmics que caldrà assumir, però té menys riscos socials i econòmics que continuar asfixiant famílies.

El segon, aprovar d’una vegada per totes una Llei de segona oportunitat que acabi amb dues grans anomalies i injustícies: si el deutor és una  empresa, la legislació li permet, a través del procés concursal, una reestructuració del deute, que en molts casos inclou una forta quitança i ofereix a l’empresa una doble oportunitat. Però si el deutor és una persona física, una família, la Llei espanyola no li ofereix aquesta segona oportunitat. I Espanya és dels pocs Estats de la UE que no té una Llei de segona oportunitat per a les famílies. La raó torna a ser la de sempre: les cèdules hipotecàries tenen la garantia de les hipoteques subscrites, però no de qualsevol hipoteca. Darrera de les cèdules hipotecàries hi solen haver les hipoteques de les famílies, per la seva elevada seguretat en el cobrament. Tota una declaració de prioritats.

Cal també aprofitar l’oportunitat que ofereix el sanejament bancari per posar una part del parc d’habitatges propietat del SAREB a fer funcions de parc públic d’habitatges socials de lloguer. Amb una gestió descentralitzada a les CCAA, amb important participació dels ajuntaments, que són els que millor coneixen la realitat social de les famílies. I en col·laboració amb entitats socials que treballen amb persones amb necessitats socials o risc d’exclusió. Aquesta sí seria una bona pràctica de col·laboració públic-privat.

El dimarts 11 de febrer, el Congrés dels Diputats tindrà una nova oportunitat d’afrontar el problema de cara. Allà hi serem. Espero que el PP no torni a bloquejar de nou les solucions i a matar les esperances de milers de famílies.