MISIÓN: SALVAR EL ESTADO

Amb una mica d'endarreriment sobre la seva publicació us deixo l'article que m'ha publicat eldiario.es


https://www.eldiario.es/zonacritica/Mision-salvar_6_828427164.html

MUCHO MAS QUE UN ACUERDO DE PRESUPUESTOS

Us deixo l'article que m'ha publicat eldiario.es sobre l'acord entre Govern espanyol i Unidos-Podemos i les confluències

https://www.eldiario.es/zonacritica/intangibles-acuerdo-presupuestos_6_823877632.html

EFECTES COLATERALS DE LA JUDICIALITZACIÓ

El Magistrat Llarena, en la seva interlocutòria, acorda la suspensió automàtica de les funcions de parlamentari de sis dirigents polítics independentistes processats per rebelió a la presó. 

No han passat ni 24 hores de la reunió de Pedro Sánchez i Quim Torra i els riscos d'interferència política de les resolucions dels Tribunals s'han fet evidents. Cal assumir que serà així durant molt de temps i generarà no poques distorsions en un clima de convivència tendre i poc consolidat. 

No existeix cap conflicte de legitimitats entre Parlament i Tribunal Suprem. Els poders públics - tots- han de cumplir la resolució dels Tribunals, encara que siguin criticables i amb dubtòs fonament jurídic. 

El conflicte al Parlament de Catalunya està servit i aquells que consideren que el canvi de clima i l'obertura de diàleg és un problema o una traició - tal com ells mateixos la qualifiquen- aprofitaran l'avintesa per cridar de nou a la desobediència. 

La sortida d'aquesta disparatada situació de judicialització del conflicte, que mai s'hauria d'haver produit passa per a que en els propers dies i en la fase de conclusions provisionals, la Fiscalia modifiqui la tipificació penal dels fets que s'imputen i abandoni la pretensió de considerar-los rebel.lio. 

us deixo l'article que avui em publica eldiario.es sobre la questió. 

https://www.eldiario.es/zonacritica/Efectos-colaterales-judicializacion_6_791330891.html

UN BON ACORD DE NEGOCIACIÓ COL.LECTIVA

Us deixo l'article publicat el dijous 28 a eldiario.es.

EL CLIMA DE DIALOGO SE EXTIENDE

Como sucede con otros aspectos de la vida el clima político es un factor contagioso. Lo estamos constatando en las últimas semanas. No se trata de creer en los poderes  taumatúrgicos de la moción de censura, pero sin duda se esta produciendo una discontinuidad positiva en el clima social y político del país.

En un espacio muy breve de tiempo se ha pasado de estar totalmente empantanados a un inicio de desenpantanamiento. Lento y sin garantías pero esperanzador. Se percibe una sensación parecida a la que produce abrir las ventanas de un espacio largamente cerrado y en el que el ambiente se había convertido en irrespirable.

El bloqueo parlamentario del último año parece evolucionar hacia la posibilidad de que se abra un debate efectivo sobre leyes de gran trascendencia, como la de la eutanasia o la de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) entre otras.

El lenguaje agresivo y en ocasiones con expresiones casi bélicas que primaba en el conflicto catalán ha evolucionado a manifestaciones de cierta empatía hacia el otro, donde antes solo había criminalización. Allí donde el debate lo marcaban las posiciones más maximalistas, ahora estas han quedado fuera de juego, muy descolocadas y con menos margen para mantener la estrategia de crispación.

Seria ingenuo pensar que existe un único hilo conductor que todo lo liga. Pero también seria torpe no darnos cuenta que la dinámica conflictual que durante años viene marcando este país puede estar abriendo la puerta a un mayor espacio para el dialogo, las negociaciones, los acuerdos o los pactos de desacuerdo.

El conflicto es una buena argamasa de la democraciay cohesiona las sociedades mucho más de lo que parece, pero su potencialidad es mayor si va acompañada de la capacidad de conducir los conflictos hacia acuerdos.

Por eso es una muy buena noticia que se haya alcanzado un preacuerdo entre las organizaciones sindicales y empresariales sobre negociación colectiva y relaciones laborales, que es de esperar se ratifique y suscriba en los próximos días.

Ante la gravedad de los problemas provocados por la Gran Recesión económica y las políticas que se impusieron para darle respuesta, puede parecer un acuerdo modesto, pero tiene mimbres y mucha potencialidad de desarrollo futuro. 

Nuestro país tiene problemas importantes y quizás el más grave sea que hemos salido de la recesión económica con mucha más desigualdad social de la que teníamos en el 2008. Una desigualdad que se percibe nítidamente en la distribución injusta de los beneficios de la recuperación, que no están alcanzando a las personas trabajadoras, especialmente a las que carecen de recursos formativos.

Se trata de una cuestión de justicia social y también democrática, porque la desigualdad estructural y enquistada suele actuar como el principal corrosivo de la democracia.

Nuestra desigualdad social tiene dos epicentros muy nítidos. La que se genera en el lugar de trabajo, fruto de una primera distribución primaria de la renta muy desequilibrada, especialmente a partir del impacto de la Reforma Laboral del 2012.  Y la que se localiza en un sistema fiscal cadavérico que, desde hace años, no cumple la función de redistribuir de manera progresiva la renta.

El Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva para los años 2018-2020 aporta novedades importantes. La que va a tener más repercusión mediática es la salarial y no es para menos, porque contiene compromisos de empresarios y sindicatos para que los convenios colectivos recojan incrementos salariales para los próximos años que permitan recuperar parte del poder adquisitivo perdido. Siempre con el permiso de la inflación –un factor incierto de la economía en los próximos años. Y por eso es positivo que en el acuerdo se hable de las clausulas de revisión salarial de los convenios, aunque su formulación sea excesivamente genérica y su concreción deba producirse convenio a convenio.

Me parece muy significativo el compromiso de llegar a finales del 2020 con un salario mínimo de todos los convenios de 14.000 € anuales. No solo por lo que significa de mejora de los salarios más bajos sino por la incidencia que puede acabar teniendo en la fijación legal del SMI y en la mejora de las bases mínimas de cotización que tanta falta nos hace.

Y sobre todo porque significa que las organizaciones sindicales han puesto la fuerza de los trabajadores organizados al servicio de la mejora de las personas trabajadoras con menos capacidad de hacerse oír y de negociar.

El acuerdo trasluce una sensación de que por fin las organizaciones empresariales han comenzado a entender que las políticas de precariedad incentivan el dumping social y no interesan a nadie. Ojalá sea así y no se trate de un espejismo, pero el acuerdo de salario mínimo convenio, y los compromisos de mantener la aplicación de los convenios una vez acabada su vigencia, minimizando así los efectos nefastos de la Reforma Laboral del 2012, parecen ir en la buena dirección.

También es una buena noticia que se proponga una nueva regulación de la subcontratación (artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores) con el objetivo de acotar los procesos de externalización productiva y evitar que, como dice el acuerdo, se “incentive la competencia desleal entre empresas y el deterioro de las condiciones de empleo”.

Este aspecto viene recogido en un Anexo que las organizaciones sindicales y empresariales han firmado y remiten a las negociaciones tripartitas con el Gobierno. En él se incluyen propuestas muy interesantes como la creación de una nueva prestación social que incentive las reducciones temporales de jornada como alternativa al uso de los despidos en las crisis empresariales, que permita garantizar el empleo, impulsar medidas de flexibilidad, fomentar la formación y el reciclaje y no penalizar a los trabajadores en su derecho a la prestaciones de desempleo.

Estas y otras materias podrían formar parte de un futuro acuerdo tripartito de concertación laboral que aborde cambios en la Reforma Laboral del 2012, especialmente en lo que se refiere a devolver la fuerza vinculante a la negociación colectiva sectorial, que es el espacio en el que las personas trabajadores construyen solidaridad entre ellas.

Un acuerdo tripartito que el Gobierno deberá trabajar, pero en el que no se puede escudar para no hacer nada. Es evidente que la mayoría de 180 votos que apoyaron la moción de censura coincide en el modelo de relaciones laborales, pero el Gobierno tiene la obligación de conseguir mayorías para sacar adelante medidas tan urgentes como necesarias.

En resumen un acuerdo que puede contribuir a mejorar el clima social y sobre todo las condiciones de trabajo, que buena falta nos hace. Por razones de justicia social y también democráticas.        

LA POLÍTICA NO ESTABA MUERTA , ESTABA DE PARRANDA

Us deixo l'article que ha publicat eldiario.es

Amb un agraïment especial a Pere Camps que m'ha inspirat amb la parranda 

Link a l'article 

https://www.eldiario.es/zonacritica/politica-muerta-parranda_6_779782038.html

SEGURIDAD SOCIAL: RETOS ASUMIBLES

Abordar el debate sobre el futuro de las pensiones requiere tener algo de perspectiva histórica y reconocer que, a pesar de sus insuficiencias, la evolución de la Seguridad Social en los últimos 40 años es una historia de éxito.

En este período ha habido de todo como en botica. Ha aumentado significativamente la cobertura, con más personas protegidas y mayor protección. Aunque también se han producido ajustes que en algunos casos dificultan el acceso a las prestaciones o reducen su cobertura.

Para comprender la intensidad del cambio basta recordar que el gasto en pensiones ha pasado del 4,5% del PIB en 1978 al 11,7% actual. Y las previsiones -que siempre hay que relativizar- lo sitúan entre el 14% y el 15% del PIB en el 2050. Un esfuerzo perfectamente asumible y comparable con el resto de países de la Unión Europea.

Se ha pasado de una financiación soportada únicamente por cotizaciones de trabajadores y empresarios, a una financiación mixta. Con una aportación fiscal, aún muy insuficiente, que supone el 9,03% del total de los ingresos. Sin contar los créditos con los que el Estado cubre el déficit de 18.800 millones de euros.

Se ha evolucionado de un sistema en el que solo percibían pensión quienes habían cotizado a otro en el que se reconocen pensiones no contributivas a personas en situación de necesidad.

El sistema mutualista de 1978, con grandes diferencias en el nivel de protección y de gestión, se ha transformado en un sistema público armonizado en su regulación, protección y gestión. Hasta finales del siglo XX las diferencias eran grandes entre los diferentes regímenes de seguridad social -escritores de libros, toreros, deportistas profesionales, entre otros-.

En algunas grandes empresas se mantenían sistemas sustitutorios al de la Seguridad Social. Sin olvidar las diferentes Mutualidades de empleados públicos que, como los de la Administración Local no se integraron en el Régimen General hasta el 1 de abril de 1993, fruto de un acuerdo sindical. Aunque las diferencias en la protección no han desaparecido, el proceso de armonización ha sido importante.

Financiar este esfuerzo ha requerido de un constante aumento del gasto en pensiones, fruto de la exigencia y esfuerzo de la sociedad española. Con un papel importante de los sindicatos que han ejercido sus responsabilidades presentando propuestas, movilizándose, negociando y firmando acuerdos sociales.

En este período se ha conseguido mantener el sistema público de seguridad social, contributivo, solidario y de reparto, a pesar de los muchos intentos de transformarlo en un sistema de capitalización individual o de cuentas nocionales, con la consiguiente perdida de solidaridad. Se ha pasado de los 4 millones de pensionistas de 1978 a los cerca de 9 millones en la actualidad.

La intensidad y calidad de la cobertura ha aumentado considerablemente. En 1978 la pensión mínima significaba el 0,7% del salario mínimo interprofesional y en estos momentos supera el 1,2% del SMI. En relación al salario medio, la pensión mínima ha pasado de representar el 29% en 1981 hasta el 42% en la actualidad.

Las pensiones no contributivas nacen en 1990, fruto de un acuerdo sindical con el que CCOO y UGT capitalizaron el éxito de la huelga general del 14 de Junio de 1988.

La separación de fuentes de financiación, el aumento en la aportación fiscal y la creación del Fondo de Reserva tienen su origen en el acuerdo social de 1996, que la patronal rechazó porque pretendía utilizar el superávit puntual de aquellos momentos para reducir las cotizaciones empresariales.

La puesta en marcha definitiva del Fondo de Reserva y el reconocimiento de la jubilación anticipada a los 61 años  -que hasta entonces solo existía para los mutualistas que hubieran cotizado antes del 1 de enero del 1967- fueron fruto de otro acuerdo social, el del 2001, en este caso firmado en solitario por CCOO.

Algunos cambios benefician especialmente a las mujeres que son las más afectadas por la precarización del empleo. La mejora en el computo de las cotizaciones de los contratos a tiempo parcial, forzado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Luxemburgo. O la asimilación a períodos de cotización efectivos de algunos vacíos de cobertura, aunque se continúa discriminando a las empleadas del hogar. El aumento del 45% al 52% de la pensión de viudedad, establecido en el acuerdo social de 1996. Y después del 52% al 60% pactado en 2011 -aunque su aplicación haya sido congelada unilateralmente hasta el 2018-.

También ha mejorado la solidaridad interna, por la vía del aumento de los complementos de las pensiones mínimas y de haberse topado aún más las pensiones máximas, que hoy se sitúan un 20% por debajo de las bases máximas de cotización.

Cierto es que, en el marco de este ciclo largo de mejora de las prestaciones, también se han producido ciclos cortos, con reformas que han afectado al acceso a la protección social. Como el cambio en la edad ordinaria de jubilación, que se mantiene en los 65 años para quienes hayan cotizado 38,5 años, pero se eleva progresivamente hasta los 67 años -en el año 2027- para quienes hayan cotizado un período menor.

La mayor ruptura en este recorrido de mejora la ha provocado la reforma del 2013, aprobada en solitario por el Gobierno Rajoy. Se derogó la garantía de revalorización de las pensiones en función del IPC que estaba vigente desde 1996 y se estableció el factor de “sostenibilidad”, por el que los pensionistas pasan a soportar el mayor coste que supone el aumento de la esperanza de vida. Aunque las movilizaciones sindicales y de pensionistas han propiciado que los PGE 2018 acuerden una revalorización del 1,6% y la suspensión de la aplicación del índice de sostenibilidad, la reforma unilateral del 2013 continua vigente.

Esta perspectiva histórica sirve para demostrar que, aún siendo importantes, los retos de futuro son asumibles y existen alternativas y márgenes económicos. Así lo ha reconocido, en su reciente comparecencia en el Congreso, José Luís Escrivá, Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Para afrontar los retos necesitamos primero un diagnóstico honesto y no oportunista. Tan irresponsable es negar los riesgos de futuro de la Seguridad Social como afirmar que los problemas derivan de un exceso de gasto en pensiones.

El principal reto es el aumento de los ingresos, los contributivos que son su principal fuente de financiación, y especialmente la aportación fiscal del Estado. Existe margen para ello porque los ingresos fiscales de España están entre un 7% y el 8% del PIB por debajo de la media de la Unión Europea.

El segundo reto son los cambios en el empleo. De un lado los producidos por la gran recesión y las políticas de precarización laboral y depreciación salarial. De otro, los generados por las diferentes formas de innovación y que de manera simplificada se llama robotización.

Para afrontarlos la historia nos ofrece muchas enseñanzas. A principios del siglo XX se trabajaban una media de 3.000 horas anuales, frente a las aproximadamente 1.700 actuales. En aquel entorno no se disponía de recursos públicos suficientes para garantizar pensiones, ni sanidad universal, ni escolarización obligatoria. Desde entonces el estado social no ha hecho más que crecer a pesar de la desaparición de muchos trabajos que llevaban varios siglos entre nosotros.

Ello ha sido posible con la combinación de tres factores: reducción del tiempo de trabajo a lo largo de la vida de las personas trabajadoras, aumentos muy importantes de productividad -vía innovación- y una política fiscal con capacidad de redistribuir la riqueza creada.

Lo que hoy se presenta como el principal problema, el “envejecimiento”, ha sido aprovechado durante estos años como una oportunidad. Muchos de los empleos creados en las últimas décadas -turismo, economía de los cuidados- han sido posibles por la combinación del aumento en la expectativa de vida y la mejora del estado social - menos tiempo de trabajo, más vacaciones, jubilaciones anticipadas-. Sin los grandes logros del Estado Social Europeo hoy la población ocupada en toda Europa y especialmente en España, serian mucho menor.

Este es el camino que debemos seguir recorriendo. Y para ello deberemos combatir la perversa consigna del poder económico: “Repartiros el empleo, el salario y las pensiones entre vosotros, que los beneficios del capital no se tocan y de fiscalidad ni se habla”.

El único reto insalvable es el de la creciente desigualdad social. Genera pobreza, provoca desconcierto y miedo y corroe las bases del Estado social y de la democracia.


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CONTINUA LA FICCIÓ. DEL PROCESISME AL LEGITIMISME

El debat d’investidura i l’elecció de Joaquim Torra com a president m’han deixat un gust més agre que dolç.

L’alegria inicial per la normalització que suposa una investidura efectiva, després de cinc mesos de focs d’artifici i degradació política, ha quedat ràpidament arraconada pel pànic provocat per la personalitat del candidat, les seves intervencions i el debat d’investidura.

Joaquim Torra ha acceptat ser un president provisional –per a la “gestió interior”– només durant el temps necessari per tornar a elegir Puigdemont, l’únic president “legítim”. Ha acceptat fer de “masover” que li cuida les terres a l’amo. No crec que sigui la millor manera de començar, ni és el que necessita avui la societat catalana, mancada d’estabilitat institucional i serenor social. Erosiona la seva credibilitat, tot i que no seria la primera vegada que algú li agafa gust a portar un hàbit que li han prestat per una estona.

El més preocupant, però, és comprovar que en el si de l’independentisme han guanyat una vegada més els partidaris de negar la realitat, jugar a la ficció i continuar enganyant a la societat catalana. S’ha imposat l’estratègia de cronificació del conflicte, sense atendre els molts i preocupants efectes que comporta mantenir la ferida oberta i continuar tirant-li sal. Per si no n'hi hagués prou, Ciutadans confirma que es troba molt còmode en aquest escenari de confrontació, que utilitza com la millor de les seves armes electorals.

Malgrat les declaracions dels seus dirigents, suggerint una reconsideració de l’estratègia independentista, ERC i el PDeCAT s’han plegat a Puigdemont que, fent de ventríloc, ha parlat a través del candidat i ha marcat el camí a seguir.

El que Puigdemont ha proposat per mitjà de Joaquim Torra comporta instal·lar-se en l’autoengany col·lectiu i la ficció. Insistir en el suposat i inexistent mandat de l’1 d’octubre és oblidar que aquest es fonamenta en unes lleis, aprovades el 6 i 7 de setembre passat, que no estan vigents. És obviar que l’1 d’octubre va ser tot, menys un referèndum amb capacitat de vincular a la societat catalana. Entre altres coses, perquè més de la meitat de la ciutadania no el reconeix com a tal i no s’hi sent vinculada. No hi ha cap projecte col·lectiu que es pugui construir amb una societat partida en dues meitats i confrontades entre si, des del mateix moment constituent –per utilitzar les paraules del candidat Torra.

El processisme, ara reconvertit en legitimisme, està reescrivint la història d’aquests darrers mesos amb la inestimable col·laboració dels mitjans de comunicació adeptes. Fent-nos creure que tot va començar l’1 d’octubre com a moment “constituent”, que abans no va passar res i que el conflicte és exclusivament entre Catalunya, representada pels independentistes, i l’Estat espanyol. Obvien deliberadament que el conflicte més important i el més greu es dona en el si de la societat catalana, en la que més de la meitat de la població no reconeix cap legitimitat ni a la declaració d’independència ni a la república catalana.

El programa –per dir-li d’alguna manera– de Torra insisteix en l’estafa política quan apel·la al suposat mandat de construir la república. Caldria recordar-li al nou president, i al seu mentor, algunes coses: el mateix 27 d’octubre els membres independentistes de la Mesa del Parlament van deixar constància en l’acta de la reunió que la resolució votada pel Ple i que suposadament legitima la república catalana no tenia cap efecte jurídic. Aquest argument de la manca d’efectes jurídics de la resolució ha estat utilitzat com a legítima via de defensa jurídica per les persones processades. Les eleccions del 21D legitimen les forces independentistes per fer majoria parlamentària, elegir president i governar, però no per “construir república”, que, per cert, tampoc s’ha explicat en què consisteix.

Aquesta nova estafa política es pretén vestir ara com l’estratègia de la “bifurcació”, que segons els seus creadors consisteix a dir una cosa i fer-ne la contrària. Cap projecte es pot construir sobre el manteniment de l’autoengany col·lectiu i la ficció d’un mandat democràtic que no existeix.

Sembla increïble, però assistim a l’enèsima repetició de la mateixa jugada que marca la vida de Catalunya des del 2012, amb la mutació dels processisme en legitimisme.

Amb algunes diferències importants que fan la situació molt més insostenible. Des de fa mesos tenim a la presó de manera injusta persones que viuen el risc de ser condemnades a molts anys de presó. I en la mesura que el conflicte continua empantanegat, els efectes socials col·laterals s’agreugen.

A més, el president elegit expressa una actitud sectària, gens integradora, i ha fet gala d’una ideologia supremacista, que no semblen les eines més adequades per recosir la societat catalana. El més greu és que les expressions supremacistes no són un “error” del candidat pel qual es demanen disculpes i “santes pasqües”. Malauradament, el supremacisme està més estès del que sembla en una part de l’independentisme –insisteixo, en una part.

Només cal recordar l’horrorosa proposta per expulsar del nomenclàtor de Sabadell els noms de personatges espanyols identificats amb el que els seus redactors consideren “imperialisme” cultural castellà.

El supremacisme ha calat en una part de la societat catalana, que s’ha acostumat a parlar dels espanyols com a una societat degradada i un poble “irreformable”. Aquesta desqualificació s’ha utilitzat reiteradament per a descartar la viabilitat de diàleg o pacte amb l’Estat espanyol. I és alimentada pels creadors d’opinió de la Divisió Mediàtica Ítaca, que la utilitzen per cohesionar l’independentisme i sumar forces. El supremacisme va acompanyat del risc de creure’s “poble elegit”, com es va fer evident amb les declaracions de Puigdemont en les que va qualificar Europa com un conjunt de pobles “decadents”.

A més, aquestes actituds són retroalimentades diàriament a Espanya per la caverna mediàtica Brunete, que treballa incansablement per presentar Catalunya com una societat “abduïda” i presa de la violència i del terrorisme. 

Aquest és el tobogan pel qual estem lliscant perillosament i que la cronificació del conflicte no fa més que agreujar. Per això considero que l’elecció de Joaquim Torra com a president és una sortida en fals que, lluny de resoldre el conflicte, l’agreuja, perquè comporta reiterar en tot allò que ens ha portat a aquest empantanegament.

El mandat per construir república, el procés constituent i molts dels imaginaris sobre els quals està construït el seu programa pateixen de la mateixa patologia, la deformació ideologitzada de la realitat. La mateixa que porta a Torra a afirmar que Catalunya viu una crisi humanitària.

És urgent sortir de la ficció en què ens ha situat el processisme i començar a recosir la societat catalana. Res de positiu es pot construir des de la negació de la realitat. La primera condició per transformar-la és conèixer i interpretar bé la realitat que es vol transformar. Res de bo es pot fer des d’una societat fracturada.

Cal urgentment fer emergir i potenciar les moltes veus i actituds que a Catalunya i Espanya creuen que el camí per sortir de l’empantanegament demana apostar per la moderació i per la construcció de ponts. Serà un trajecte llarg, però cal començar com abans millor. Ens hi posem?