martes, 22 de abril de 2014

ENSEÑANZAS FRANCESAS SOBRE EUROPA


Son muchos los comentarios y reflexionesque ha suscitado el Plan de ajuste fiscaldel Gobierno francés de Manuel Valls. Unas sugieren similitudes con la realidad española, otras se refieren a la política interna francesa, pero pocas sitúan el epicentro del debate allí donde está, en la dificultad y necesidad de construir una alternativa europea a la política hoy hegemónica.

En España se está prestando atención a las similitudes políticas entre la decisión del gobierno socialista francés y las medidas adoptadas por Zapatero en mayo de 2010, rompiendo con las reiteradas promesas vertidas hasta una semana antes. También se hace hincapié en que estos planes de ajuste rompen con los compromisos con los que los gobiernosrespectivos se presentaron a las elecciones. Sin olvidar que perjudican especialmente a sectores sociales que configuran buena parte de sus bases electorales y le preparan el camino a la derecha.

Hay una similitud entre España y Francia que derriba fronteras políticas. Manuel Valls se ha justificado con el mismo argumento reiterado porRajoy desde 2012: "Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades". Reconozco que me ha repateado la boca del estomago escucharlo de boca de un dirigente socialista. Nadie duda que construir políticas alternativas frente a unos mercados financieros con mucho poder económico y político no es fácil. Pero esta dificultad no debería implicar la indistinción política y menos la ideológica.

Que derecha española y socialistasfranceses utilicen indistintamente los mismos argumentos para justificar el ajuste fiscal puede obedecer a dos causas. Que la cultura judeo-cristiana de culpar a la víctima, antes de castigarla, para promover su resignación, ha impregnado hasta el tuétano nuestra civilización. O que, como también sucede en España, lacolonización de las mentes de algunos "gestores" políticos de la izquierda porparte de la ideología derechista es muy profunda.

En todo caso lo que parece más relevantede la decisión del tándem Hollande-Valls es la renuncia a construir políticas alternativas en el marco de la Unión Europea. A estas alturas de la crisis ya debería ser evidente que la posibilidad de construir alternativas al "austericidio" actuando solo - resalto lo de solo- en el terreno de las políticas nacionales esmuy limitada. La fuerza de los mercados financieros globales, acompañada de la presión de instituciones ademocráticas como la Troika es muy poderosa.

Por eso y por el peso de Francia, mucha gente en la UE saludó loscompromisos de Hollande en las Presidenciales para reorientar las políticasde la UE. El más importante, exigir a Merkel y a Bruselas una rediscusión del Pacto de Estabilidad Europeo, la clave de bóveda ideológica y política del austericidio - austeridad suicida-.

Desgraciadamente su compromiso duró una semana. El tiempo que Hollande tardó en negociar su adhesión acrítica al Pacto de Estabilidad sin tocar una coma, a cambio supuestamente de un inconcreto incentivo al crecimiento y del manoseado Plan de Empleo Juvenil. Una coartada, la del Empleo Juvenil, que por cierto, también le sirvió a Rubalcaba en Junio del 2013 para pactar en el Congreso la política española en la UE. Lo de laestrategia europea de empleo joven es especialmente obsceno en términos democráticos. Se trata de un compromisoque desde el 2012 han sacado a pasear en seis ocasiones consecutivas los Jefes de Estado y de Gobierno en las conclusiones de sus Consejos Europeos -ordinarios y extraordinarios-. Un compromiso con pocos recursos frescos, menos concreción, que en España aún está virgen, pero que ha sido utilizado como la gran coartada para lavar la cara al ajuste fiscal.

No hay salida socialmente justa a la crisis en Europa si no se construye un polo alternativo y fuerte a las políticasdominantes en la UE. Los países del Sur estamos especialmente interesados en ello, por el coste humano y democrático que nos está suponiendo las injustas políticas de ajuste fiscal, pero necesitamos más fuerza para conseguirlo. Por eso era importante elpapel del Gobierno francés.  Medidas imprescindibles como la renegociación de la deuda privada - previo expurgo de su legitimidad- y la mutualización de la deuda pública son políticas que ya comienzan a defender hasta los sectores más lúcidos del sistema, para evitar entrar en un período largo de desangramiento social.

Pero son muchos los obstáculos que se oponen a ni tan siquiera modular la orientación de las políticas. Como siempre en la UE, constituyen una mezcla de intereses económicos de clase y nacionales, con una potente argamasa ideológica. Hay una minoría que pretende salir indemnede la crisis, a pesar de ser los que la han provocadocon su codicia sin límites. Hay también intereses nacionales y no solo de Alemania, que defienden el espejismo de los países del centro y norte de Europa saliendo de la crisis a pesar de formar parte de una UE herida por los cuatro costados.

Y junto a ello, la defensa a ultranza de una ideologíabasada en la primacía de los mercados, en los perjuicios deun exceso de regulación pública, en la necesaria reducción del papel del Estado. En elfondo esta es la batalla central, que sean los mercados financieros y no la sociedad organizada políticamente quienes ostenten el gobierno real y el poder político.

Frente a ello, la crisis ha confirmado la fragilidad delas soberanías nacionales - a pesar de que en España y en Catalunya sigamos insistiendo en un conflicto, cuanto menos ucrónico-.

Hoy solo resulta posible mantener el Estado social en Europa si somos capacesde construir una política alternativa en el seno de la UE. No nos podemos permitir la ingenuidad de pensar que Francia, Italia, Grecia, España o Catalunya pueden llevar estas batallas de manera autárquica.

Por eso lo que me parece más grave de la decisión de Hollande-Valls es la renuncia definitiva a construir esta alternativa europea. Y por eso, las elecciones europeas del 25 M devienen tan trascendentes, como nunca antes en la historia de la UE.

viernes, 11 de abril de 2014

LAS LECCIONES DE "CORRALA UTOPÍA

El conflicto surgido en el seno de la Junta de Andalucía por la decisión de la Consejera Elena Cortés de IU de realojar a las familias desalojadas de la Corrala Utopía y la reacción contraria de la Presidencia de la Junta, tiene lecturas que van más allá de la crisis de Gobierno y suscitan algunas reflexiones de calado político e ideológico.

El debate sobre si esta decisión de realojar a las familias desalojadas de la Corrala Utopía supone un agravio para otras familias sin viviendas y si comporta un incentivo para las persones que se movilizan para ejercer sus derechos ha llevado a los dirigentes socialistas a utilizar unos argumentos que la izquierda nunca debería coger prestados de la derecha.  

Es obvio que el respeto a la ley y la no discriminación son valores que la izquierda debe defender. La ley es o debiera ser la protección que los débiles tienen frente a los abusos y la posición dominante de los poderosos. Y en este sentido Susana Díaz jugaba a favor de viento. Pero detrás de esta afirmación obvia, la del respeto a la ley y la no discriminación se han escondido corrosivas argumentaciones.

Parece obvio que la decisión de la Consejería de Vivienda de realojar transitoriamente a las familias desalojadas cumple con el Auto del Juzgado de Instrucción de Sevilla que obliga a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla a proveer lo necesario para garantizar vivienda a las familias desalojadas con hijos menores o que estén en riesgos de exclusión. Y además cumple con la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que pretende encontrar un reequilibrio entre el desprotegido derecho a una vivienda digna y el superprotegido derecho a la propiedad privada. Así parece reconocerlo implícitamente el acuerdo entre PSOE e IU que cierra la crisis de Gobierno.

Pero el debate no es solo ni prioritariamente de legalidad. El intento de confrontar a las familias realojadas con el resto de familias en lista de espera no debiera haberse utilizado nunca desde las filas socialistas. No hace más que tomar prestada la ideología de la derecha y una de sus principales estrategias de dominación social. 

La derecha lo utiliza en el ámbito laboral, cuando alega que los trabajadores con derechos son los culpables de la falta de empleo y derechos de los precarios. Y que le lleva a acuñar una máxima que viene a decir “Repartiros el salario entre vosotros, que los beneficios del capital no se tocan y de impuestos ni hablar” . Se utiliza también para confrontar ciudadanos españoles con los inmigrantes. En el fondo la derecha intenta y lo consigue que los trabajadores sustituyan el conflicto social entre clases por el agravio comparativo entre ellos. Y la izquierda no debería caer nunca en esta trampa.

El segundo argumento utilizado desde las filas socialistas tiene aún más peligrosidad. Se han dicho cosas que creo deberían ser repensadas por sus autores. Del estilo de “atendemos a quien más lo necesita, no a quien más grita” o “no se puede premiar a los que dan una patada en la puerta. En el trasfondo de estas afirmaciones subyace la idea de que no se puede atender prioritariamente a quien se moviliza por sus derechos. Algunos medios de comunicación han llegado a calificar la decisión de la Consejera Elena Cortés de IU como   de Plan para Okupas.

A pesar de que ya se ha explicado que el realojamiento transitorio no supone una alteración de las listas de espera en el acceso a la vivienda, ni una discriminación hacia el resto de familias, sino el cumplimiento de un mandato judicial, en esa imputación subyace una peligrosa ideología.

Es cierto que los poderes públicos suelen hacer más caso a quienes se movilizan y presionan. Ello pasa en todos los aspectos de la vida. En el ámbito laboral, los gobiernos suelen hacer más caso a quienes exigen su derecho al empleo movilizándose. Esa es una de las razones por las que el PP en su Reforma Laboral ha acabado con la autorización administrativa previa en los despidos colectivos. Se trata de dar más poder al empresario y quitárselo a los trabajadores que han perdido su capacidad de presionar al poder político.

Seria bueno no olvidar que algunos sectores sociales utilizan para presionar medios más sofisticados, como los lobbies, las puertas giratorias, los editoriales. Y los que no tienen acceso a estos mecanismos de presión versallesca, utilizan la movilización social y la lucha. No parece que ello pueda criticarse desde una perspectiva de izquierdas.

¿Que es sino la PAH? Las personas agrupadas en la PAH consiguen, con menos dificultades que otras, acuerdos con entidades bancarias para quitas, mora o daciones en pago. Consiguen que no se les desaloje de sus viviendas. Consiguen en algún caso que se les ofrezca en alquiler. Los Bancos y poderes públicos respetan mas a quienes se movilizan por sus derechos que a quienes no lo hacen. 

Es absolutamente legitimo en términos democráticos que los ciudadanos no confíen exclusivamente en los resortes institucionales para garantizar su derecho constitucional a una vivienda digna. Sobre todo cuando comprueban en su propia piel y en la de sus familias que estos resortes no funcionan. Y es legitimo y lógico que si esta en sus manos se agrupen para presionar en aras a un mayor equilibrio entre su derecho a la vivienda infraprotegido y el derecho a la propiedad privada, superprotegido por los poderes públicos.

Negar la legitimidad de estos comportamientos, es negar la historia de los movimientos sociales y del propio socialismo. Y pone de manifiesto hasta que punto, la ideología conservadora ha colonizado las mentes de algunos "gestores" políticos.

INTERVENCIÓ AL DEBAT SOBRE EL DRET A DECIDIR EN NOM DE L'ESQUERRA PLURAL

INTERVENCIÓ DE JOAN HERRERA AL DEBAT SOBRE EL DRET A DECIDIR

martes, 1 de abril de 2014

EL MIRALL DE BCNWorld


L'acord entre Mas i Navarro, entre CiU i PSC, per modificar la legislació fiscal al servei d'una empresa, només té una virtut: ens posa davant del mirall i ens ensenya el pitjor de la política catalana.

Estem davant d'un projecte, encara per concretar, que va sortir de la chistera de Mas per amagar la derrota front la Comunitat de Madrid en una vergonyosa carrera per veure qui s'agenollava més davant el mafiós Adelson. Una victòria sobre la màfia en la que va ser clau la mobilització social contra Eurovegas de la ciutadania del Baix Llobregat.

Aquest tipus de projectes viuen de la necessitat dels governs de generar en la ciutadania l'esperança de feina, en un entorn socialmolt degradat per un atur greu i crònic, i són propicis a la manipulació dels interessos i dels sentiments de la ciutadania. Encara recordo l'assetjament a què va ser sotmès Lluís Tejedor, alcalde d'El Prat, per parlar clar i no claudicar davant el populisme peronista dels defensors d'Eurovegas. Una pràctica que alguns volen repetir amb els representants d'ICV-EUiA a Tarragona, per atrevir-se a discrepar.

Com passa en aquests casos, el gran argumentsol ser la promesa de creació d'ocupació, que, en moltes ocasions, o no es concreta o es concreta en unes dimensions que res no tenen a veure amb les promeses fetes, mentre las contrapartides de la societat sempre es paguen per avançat.

De moment, el que és segur és que La Caixa aconsegueix la requalificació urbanística del seus terrenys, sigui quin sigui el futur del projecte i la seva dimensió. Ja tenim, doncs, algú que ja ha guanyat: La Caixa.

A continuació tenim una rebaixa de las taxes del Joc del 55% al 10% per al futur casino i, òbviament, per a la resta de casinos instal·lats a Catalunya. I ja han sortit veus que demanen l'ampliació d'aquesta rebaixa a d'altres modalitats del joc. Aquesta decisió ajuda molt poc a crear consciència de la necessitatd'un sistema fiscal més just. I envia un missatge perillós en ple debat sobre la Reforma Fiscal a España, que estic segur que el PP utilitzarà contra el PSOE.

Aquest acord ens ofereix la possibilitat de reflexionar i debatre sobre quin país volem que sigui Catalunya.

El turisme és una indústria clau per a Catalunya i ha de formar part d'una estructura econòmica equilibrada. Però hauríem de tenir clar que no ens interessa qualsevol turisme. En la relació entre avantatges i costos, hem de tenir presents les experiències anteriors. Les positives d'un turisme cultural i respectuós amb l'entorn, desestacionalitzat. I les negatives pelseus impactes de "turisme de borratxera", concentrat en un període breu de l'any.

No crec que ni a Tarragona ni a Catalunya ens interessiatraure els riscos de la ludopatia. El preu que es pot acabar pagant, especialment en l'entorn proper, pot ser molt superior als teòrics avantatges. Tarragona disposa d'un dels clústersmés dinàmics de tota Espanya, el de la indústria química. És en aquesta direcció i en la seva reindustrialització en la que s'hauria de treballar. I recordar què passa quan, com en el cas de la bombolla urbanística, els recursos privats i públics s'adrecen a incentivar un capitalisme especulatiu.

Una segona reflexió que ens hem de fer com a país és per a què volem mésautogovern. ¿Volem utilitzar-lo per fer un país fiscalment més just o bé per fer dúmping fiscal i participar en una carrera per veure qui es sotmet més i més ràpid al capitalisme "de casino", en aquest cas en el seu sentit literal?

Tampoc no hauríem d'oblidar la vergonyosa relació que en les darreres tres dècades s'ha establert a Catalunya entre propietaris de casinos i Govern català en lesetapes de CiU. Una relació corrosiva per a l'ètica pública. Ho saben molt bé els treballadors dels casinos, per la seva indefensió davant unes empreses que han comptat amb la connivència del Govern per incomplir totes les lleis. I això sense entrar en el terreny pantanós de les fonts de finançament d'alguns partits.

Sincerament, en l'operació hi ha, des d'una perspectiva pública, més riscos que oportunitats. I el que és segur és que, de moment, les contrapartides són públiques –és a dir, de tots– i els guanys, privats.

No m'atreveixo a entrar en les raons que ha tingut la direcció del PSC per signar aquestacord. És cert que sempre van estar a favor d'Eurovegas, malgrat que al Baix ho deien amb la boca petita i a d'altres indrets hi havia oposició. Però, sincerament, no sé veure la lògica d'aquest acord. Ni desde la perspectiva de país, ni des de la de partit, que de segur que la té.

jueves, 27 de marzo de 2014

DESCODIFICANDO LA DESINDEXACIÓN


Disculpen las palabrejas del título. Son cosas del Gobierno y su uso alternativo del lenguaje como parte de una estrategia de camuflaje de sus políticas.
Este Pleno el Congreso debate sobre el Proyecto de Ley de  "Desindexación de la economía española", gracias a la enmienda a la totalidad presentada por la Izquierda Plural.
Una vez más, como sucedió con la Reforma Laboral, nos encontramos con una Ley que declara tener una motivación, mientras esconde sus verdaderos objetivos.
El Proyecto dice querer evitar la espiral inflacionista que, según el Gobierno, genera aplicar el IPC como índice de referencia en los contratos del sector público. Pero, en realidad, es toda una carga de profundidad a los salarios y a la negociación colectiva. Un obús directo contra los salarios del sector público e indirecto para el conjunto de los trabajadores.
Como es frecuente, el Gobierno parte de un problema real y realiza un diagnóstico interesadamente erróneo para, de manera oportunista, imponer sus políticas.
El verdadero problema es el diferencial estructural de inflación que ha existido entre España y la Zona Euro. Un diferencial, por cierto,  que ha desaparecido con la prolongación de la crisis. Y el diagnóstico interesadamente erróneo es culpabilizar de ello a la existencia de cláusulas en los contratos del sector público que establecen una revisión periódica en función del IPC, en lo que se conoce como “inflación de segunda ronda”.
No niego que esta realidad exista, pero parece evidente que no es, ni de largo, la primera causa del diferencial español de inflación.
Nuestra inflación, que es dual, como nuestra economía,  tiene su origen en dos grandes factores: el primero, una estructura productiva con un excesivo peso de sectores que han obtenido elevada rentabilidad con escaso riesgo y poca productividad. No está de más recordar que, cuando estos sectores han reducido su peso en la economía, la inflación ha bajado significativamente hasta ponerse en el 0%. Y en segundo lugar, la existencia de sectores enteros en los que los precios son marcados por empresas que actúan en régimen de oligopolio. Hablamos del sector energético, de carburantes. Se da el caso de que, en muchas ocasiones, este capitalismo concesional actúa en un marco de precios regulados, lo que hace aún más incomprensible su descontrol.
El Gobierno, ante la incapacidad para atajar las causas de este diferencial de inflación, ha decidido actuar sobre sus efectos. Dice que cortando el paso a la inflación, pero en realidad obligando al sector público a encajar el ajuste.
El proyecto prohíbe que en los contratos del sector público se establezcan cláusulas de actualización en función de la inflación. Además, prohíbe que en las cláusulas de revisión de precios del sector público se tenga en cuenta, entre otros, la evolución de los costes de la mano de obra, con lo que en la práctica presiona a la baja, vía precios de los contratos, los salarios de las empresas que directa o indirectamente prestan los servicios públicos.
Y lo que es más importante, crea un nuevo índice para sustituir al IPC, el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que se calcula a partir del IPC armonizado de la zona euro y al que se deduce a la baja y cada año una parte del diferencial de inflación entre España y la Zona Euro entre 1999 y 2013.
Aunque, por razones constitucionales, esta Ley no puede aplicarse directamente a la negociación colectiva en el sector privado, en la práctica va a tener un claro impacto negativo. De hecho, al gobierno se le desliza en la memoria este objetivo oculto, porque en el fondo lo que pretende es continuar presionando a la baja los salarios. No está de más recordar que uno de los anhelados objetivos de la CEOE es que la referencia de los salarios no sea la inflación española, sino la de la Zona Euro.
La incidencia será aún mayor en las empresas de servicios públicos que trabajan para la administración. Al tener prohibidas las cláusulas de actualización de los contratos según el IPC y regirse por el Índice de Garantía de Competitividad, estas empresas presionarán aún más a la baja los salarios de sus trabajadores, con lo que conflictos como los de la limpieza y la jardinería de Madrid están servidos.

Continuar presionando a la baja los salarios es, además de injusto, suicida. La devaluación salarial aumenta la desigualdad social y dificulta la recuperación, dado que una buena parte de nuestra economía depende del consumo privado. Y sin mejorar salarios, ello es imposible.
Eso sí, el Proyecto del Gobierno excluye expresamente de su ámbito de aplicación a los productos financieros, a los que sí se podrán aplicar cláusulas de indexación. No crean que estamos hablando del ahorro popular. Se trata, según la Ley del Gobierno, de acciones de sociedades, bonos y obligaciones, cédulas y participaciones hipotecarias, acciones de instituciones de inversión colectiva, que sí puedan estar indexados. ¿Es posible encontrar una evidencia más contundente del doble rasero con el que trata el Gobierno a las rentas de los ciudadanos, en función de su origen?
Bien; como cada semana, levantaremos la voz, con nuestra oposición y nuestras alternativas. Lo que no conseguirán es hacernos callar. Pero no estaría mal que los medios de comunicación nos ayudaran a hacer llegar la voz a la ciudadanía. Y que los ciudadanos comiencen a entender que la solución a tantos desmanes está en sus manos.

martes, 25 de marzo de 2014

El que ingresso com a diputat

https://dl.dropboxusercontent.com/u/78158259/nomines_congres/n%C3%B2mina%20coscu.pdf

Els meus ingressos com a diputat del Congrés dels Diputats (congelats des de fa anys, com la majoria de percepcions públiques) es composa de dos conceptes:

- Un per import de 3.860,35 euros bruts al mes, que inclou la remuneració bàsica de 2.813,87 euros al mes, i la corresponent a la condició de portaveu de comissió per import de 1.046,48 euros mensuals.

- L’altre per import de 1.823,86 euros al mes, corresponent a les despeses referides a allotjament i manutenció a Madrid de tots aquells diputats que vivim a d'altres indrets.

Un cop descomptats el pagament de l’IRPF, la quantitat neta que ingresso del Congrés, mensualment, serien de 4.641,92 euros.

D’aquesta quantitat, i seguint els criteris establerts a ICV pels càrrecs institucionals, faig una aportació a ICV per import de 774,97 euros que serveixen, entre d’altres coses, per financiar els suports tècnics a l'activitat parlamentària.

El resultat final són 3.866,95 euros al mes que inclouen el que podriem anomenar salari i inclou també les despeses d’hotel i manutenció durant els dies d’estança a Madrid.

El bloc del Coscu

Visita el meu nou bloc. https://elblocdelcoscu.cat