PENSIONES, MENTIRAS Y PP

Hoy hemos presentado Recurso de Inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 28/2012 por haber acordado de manera retroactiva no pagar la actualización de las pensiones del 2012, en función de la evolución del IPC. Un derecho que los pensionistas tienen reconocido por Ley, que fueron devengando y consolidando mes a mes durante el 2012 y que el Gobierno del PP ha negado con efectos retroactivos.

Más allá del impacto social de esta medida, el comportamiento del Gobierno en el tema pensiones es un compendio de la genética política del PP. Mentiras y engaños como manera natural de hacer política.

Primero en la oposición atacaron al Gobierno Zapatero por la congelación de las pensiones del 2011 y a continuación se presentaron en campaña, prometiendo en falso que no tocarían las pensiones y respetarían los derechos de los pensionistas.

Durante todo el 2012 han estado engañando a pensionistas y ciudadanía. Vendieron una subida parcial inicial del 1% como un gran gesto social, al que comparaban con la congelación de las pensiones de Zapatero. Mil veces mintieron, cuando decían que iban a salvar las pensiones del ajuste. en palabras de Rajoy que no las iban a tocar.

Después de evitar un compromiso claro durante meses, el PP llego a votar a favor de la propuesta de revalorización integra de las pensiones para 2012 y 2013 que presenté en el Congreso en nombre de Izquierda Plural (IU,ICV-EUIA, CHA). Aunque 30 días después de votar a favor en Congreso - incluida la Vicepresidenta y la Ministra de Empleo- acordaron lo contrario en Consejo de Ministros. Y lo han hecho con efectos retroactivos, principal razón del Recurso de Inconstitucionalidad presentado.

Y por último y haciendo honor a su genética han presentado esta decisión de no actualizar las pensiones del 2012 y la revalorización parcial del 2013 como la prueba de que cumplen su compromiso con los pensionistas.

Lo dicho, el PP está consolidando una tendencia compulsiva a la mentira y el engaño como forma de actuar políticamente. Solo superada por su tendencia al uso de los eufemismos para esconder la realidad de sus mentiras.

La explicación de Cospedal para justificar que Bárcenas, después de ser despedido -dicen ellos- , continuara cobrando y cotizando es la última perla. Le llaman pago diferido de la indemnización, con cotización incluida.

Total, que nadie se extrañe si hoy sale el PP diciendo que ellos no mienten, que simplemente hacen un uso "diferido" de la verdad o como dice el amigo twitero @rafetaz se trata de una "simulación diferida de la verdad".

Si grave es para el Estado social la injusticia en el reparto de los ajustes, más grave es para la democracia el uso reiterado, normalizado y compulsivo de la mentira como forma de relacionarse con la ciudadanía.

Intervenció al #DEN2013

Intervenció a la compareixença d'Ada Colau

Entrevista a Els Matins de TV3

CORRUPCIÓN: ¿QUÉ HACER?

Las últimas informaciones sobre la trama Bárcenas-PP han sido la gota que colma el vaso y han provocado un clima social absolutamente irrespirable. Resulta insufrible para la ciudadanía comprobar que, mientras se le recomienda austeridad y se le imponen sacrificios enormes, una casta económica y una nomenclatura política, consorciadas, se benefician impunemente de sus posiciones de poder.

España tiene a una buena parte de las instituciones políticas, desde el Gobierno central hasta los Gobiernos de algunas Comunidades Autónomas -entre ellas, Cataluña- y un número importante de ayuntamientos, bajo la sospecha de la corrupción. Y a los partidos políticos que tienen o han tenido responsabilidades de gobierno, señalados por algo más que presuntas corruptelas de financiación irregular, combinado con enriquecimiento personal en algunos casos. Y por si fuera poco, en la charca está metida hasta las cejas la Monarquía, o sea, la Jefatura del Estado.

Todo ello incrementa la percepción de desconfianza de la ciudadanía en las instituciones y más allá, en todas las  organizaciones o espacios colectivos, que ven cómo se deteriora su legitimidad y autoridad para representar intereses, proponer proyectos sociales o hacer propuestas creíbles.

Asistimos, sin duda, al final de un sistema, de una época, nacida del Pacto de la Transición, aunque sus protagonistas se nieguen a aceptarlo. Y nos cuesta saber qué hacer y sobre todo cómo hacerlo. Con lo que, cuantos más casos de corrupción aparecen y más se insiste en su denuncia sin dar con una solución, más nos metemos en un callejón sin salida.

Ayer, algunos planteamos la dimisión inmediata de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno. España, inmersa en una crisis económica sin precedentes, no puede tener durante un minuto más un Presidente que está bajo sospecha de haber contribuido a montar una trama de financiación irregular y haberse aprovechado personalmente de ello. Rajoy, después de las últimas informaciones, no tiene ninguna credibilidad para decirnos que la causa de la crisis es que todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No tiene autoridad cuando nos dice que el único camino es la austeridad suicida e injusta. No tiene autoridad para imponer recortes y sacrificios. No tiene credibilidad, autoridad ni legitimidad, ni en el país ni ante sus socios y el mundo, para continuar siendo el Presidente del Gobierno. Debe dimitir ya.

Pero la dimisión de Rajoy no es suficiente. Urge convocar elecciones, pero no unas elecciones más. Necesitamos que las elecciones abran paso a un proceso constituyente. Si Rajoy dimite y se convocan unas elecciones cualesquiera, lo único que conseguiremos, en el menos malo de los supuestos, es cambiar el Consejo de Administración del sistema, pero no cambiar el sistema.

Un proceso constituyente que sea capaz de abordar los retos, comenzando por el de la recuperación para la ciudadanía de la soberanía popular, que hoy nos ha sido arrebatada. Un proceso que siente las bases de un nuevo modelo socioeconómico, una reforma en profundidad de las instituciones políticas y de las formas de participación y representación y también un proyecto de nueva estructura de Estado.

Que nadie espere que las fuerzas para este proyecto de regeneración democrática salgan del mundo de la política, que está bloqueado y sin fuerzas reformistas suficientes. Quienes tienen fuerza política para ello no pueden, porque están pringados hasta las cejas. Y quienes no lo están, no disponen de fuerza política suficiente, ni la tendrían por muy buenos resultados que obtuvieran en unas próximas elecciones.

Para transformar la realidad es imprescindible conocerla y sobre todo no negarla y saberla interpretar. En la política actual, no hay suficientes fuerzas regeneracionistas para crear un nuevo proceso constituyente. Se precisa el concurso de la sociedad, de sus organizaciones, de las personas que puedan tener algún tipo de auctoritas moral e intelectual para impulsar el proceso.

La historia nos dice que, en situaciones de bloqueo como la nuestra, la ruptura sólo sobreviene por la combinación entre empuje externo al sistema y pacto con los elementos reformistas que el sistema aún mantiene.

Si queremos salir de este brutal atolladero, que está carcomiendo la convivencia democrática, hay que comenzar por identificar las bases de la regeneración en que debe consistir el proceso constituyente.

Es imprescindible que encontremos ese mínimo común regeneracionista y el espacio en que construirlo. Organizaciones y movimientos sociales, con la implicación activa de los auctoritas en los que la sociedad pueda reconocerse, deben ponerse a trabajar.

No hay agenda social, ni económica, ni ambiental, ni nacional, mientras subsista esta situación. Y cuantos más días pasen sin que sea desbloqueada,  más omnipresente se va a hacer la agenda de la corrupción.

El camino, creo, pasa por la dimisión de Rajoy, la convocatoria de elecciones constituyentes y la identificación de un proyecto regeneracionista con capacidad para ser el punto de encuentro de las fuerzas rupturistas de fuera del sistema y las posiciones reformistas que aún existen en el actual mundo de la política.

Sé que no es fácil; pero lo otro, más de lo mismo, nos lleva a la destrucción de la convivencia social y a la descomposición de la democracia.