Es sabido que una de la claves de la solidez política del PP, incluso en la derrota, está en la fuerte impronta ideológica que Aznar le dio a su política. Una fuerza ideológica, la de la derecha española, que no ha menguado durante los gobiernos de Zapatero y es una de las claves de su implantación social que va más allá de las amplias mayorías conseguidas en todos los espacios institucionales. De la misma manera que Reagan y Tatcher fueron los impulsores de la revolución conservadora en los años 80 del siglo pasado,Aznar fue el precursor de una fuerte impronta ideológica en los gobiernos de la derecha europea de principios de siglo.
Las crónicas palaciegas hablan de un Rajoy menos escorado, más pragmático, pero los datos hasta ahora no confirman esta imagen construida del Presidente del Gobierno. En pocas semanas, su Gobierno ya ha dado muestras de que las cosas pueden ir por otros derroteros menos bondadosos, menos simplistas. El PP sabe que en momentos de crisis crece la sensación de inseguridad económica. Y que una buena parte de las personas que tienen algo que perder, incluso las que ya lo han perdido, buscan sensaciones de seguridad para compensar la gran inseguridad que la situación económica, de pérdida del empleo les provoca. La derecha sabe que hay políticas populistas que pueden generar percepción de seguridad y que suelen ser rentables en el terreno electoral.
Es más que probable que el PP y Rajoy lo hayan tenido presente al diseñar y presentar sus políticas. El dogmatismo e ideologización aparece de manera clara en el área económica de la mano del ministro de Economía, de Guindos. El fundamentalismo del déficit, las políticas de ajuste presupuestario, la reducción del sector público que, a pesar de corresponder al Ministro de Hacienda están todos los días presentes en sus declaraciones públicas. Donde también es perceptible este ideologismo basado en políticas construidas al margen o contra los datos es en el terreno de la Reforma laboral. A pesar de las muchas evidencias que la destrucción de empleo tiene que ver con la falta de financiación de las empresas como consecuencia de un sistema financiero colapsado, con la caída de inversiones del sector público, y en los últimos meses con la reducción del ritmo exportador por la recesión de muchas economías europeas. A pesar de estas evidencias, el dogmatismo les lleva a continuar hablando de las rigidez del mercado de trabajo y de la necesidad de desregular las relaciones laborales.
El ideologismo del PP no es solo una cuestión de dogmas económicos, sino que esta lleno de gestos populistas, dirigidos a satisfacer emociones de la ciudadanía insegura. El Real Decreto Ley de ajuste de 30 de noviembre esta lleno de indicios de hacía donde puede dirigirse este populismo. El PP sabe que el agravio comparativo es un gran motor de la historia, en ocasiones más que el conflicto social. Y por ello ofrece a los que no les puede garantizar el empleo el placebo de los recortes a los supuestos privilegiados, que no son precisamente los poderosos de la sociedad. Así, además de las razones económicas, incorpora en su discurso de ajuste del sector público el argumento tan potente de los “privilegios de los empleados públicos”, aunque algunos sean temporales y con salarios por debajo de los 1000 euros.
Pero la prueba de esa tendencia a la ideologización del Gobierno del PP la hemos tenido con la comparecencia del Ministro de Justicia, Sr Galardón. A algunos les puede haber sorprendido que “un paloma” del PP hiciera anuncios tan duros que de materializarse supondrían un retroceso de varias décadas. Sinceramente a mí no, porque las políticas anunciadas en el terreno de la interrupción voluntaria del embarazo o de la instauración de la cadena perpetua tienen el objetivo de cohesionar ideológicamente a la sociedad alrededor del PP. A los propios con anuncios como la reforma de la ley del aborto. Y al conjunto de la sociedad, a la que no puede ofrecerle seguridad económica o en el empleo, con políticas de mano dura populista.
Gallardón y Rajoy saben que los índices de seguridad de nuestro país son de los más altos de la UE, incluso por encima del de algunos países nórdicos con fama de elevada seguridad. Saben también que en España, a pesar de no existir legalmente la cadena perpetua, los años de permanencia en las cárceles por delitos graves y en ocasiones también por reincidencia en delitos menores es de los más elevados de Europa. Entre otras cosas como consecuencia de las reformas legales introducidas por los Gobiernos de Aznar a golpe de “alarma social”. Saben también que no existe ninguna relación entre la instauración de la cadena perpetua y la reducción de la criminalidad o el aumento de la seguridad.
Todo eso lo saben, pero saben también porque ya lo han experimentado positivamente en términos electorales que en momentos de zozobra de las personas, ofrecer sensación de “seguridad” aunque sea ficticia es rentable políticamente.
Es posible pues que el Gobierno de Rajoy vaya a combinar momentos de pragmatismo, como la derogación del canon digital – sin concretar aún nada más- o la subida de impuestos que siempre negó, con políticas de una fuerte carga ideologista que, con la ayuda de su cartel mediático contribuyan a mantener su hegemonía ideológica. La respuesta al titulo de este artículo es pues que sí, que el Gobierno de Rajoy puede superar en ideologización al de Aznar. Y habrá que estar preparado para ello.
Ante estas previsiones sería bueno que las izquierdas políticas tuviéramos claro que sin disputar la hegemonía de las ideas no hay cambio social. Puede haber cambio de ciclo en los gobiernos, pero sin disputar la ideología no es posible ningún proyecto de transformación social. Y en este terreno, las izquierdas deberíamos evitar dos errores muy frecuentes y que nos persiguen. Uno, el error de negar la realidad, otro el de instalarse acomodaticiamente en ella. Para transformar la realidad primero hay que conocerla y sobre todo no negarla. Y después saber que la realidad se transforma también y sobre todo desde la batalla ideológica. Una batalla que para ganarla no puede basarse ni en negar la realidad ni en instalarse en ella.
jueves, 26 de enero de 2012
martes, 24 de enero de 2012
UNA PRIMERA Y RÁPIDA LECTURA- PERSONAL- DE LOS ACUERDOS CCOO-UGT Y CEOE.
Acaba de hacerse público un preacuerdo entre las organizaciones sindicales CCOO y UGT y empresariales CEOE y CEPYME y, aunque los medios de comunicación destacan los aspectos salariales– las cifras siempre son más fáciles de explicar - , a mi juicio el acuerdo contiene elementos mucho más importantes que pueden tener consecuencias, más allá de la negociación colectiva, en la acción de Gobierno y Legislativa del Parlamento en relación a la reforma laboral.
Asumiendo los riesgos de verter una opinión rápida sobre un tema complejo, estos son los aspectos que me parecen más relevantes. Esta opinión, que es personal –como todas por cierto – la emito desde mi actual condición de Diputado por ICV-EUiA en el Congreso de Diputados, pero sin duda marcada por mi experiencia como abogado laboralista y profesor de Derecho del Trabajo, además de por mis años de responsabilidad sindical en CCOO.
Este preacuerdo debería condicionar el proyecto de Reforma laboral del Gobierno español, dados los innumerables requerimientos que tanto su Presidente, la Vicepresidenta o la Ministra de Trabajo han hecho a sindicatos y patronales para que llegarán a acuerdos. El Gobierno y el Parlamento tienen sin duda la legitimidad democrática para hacer lo que consideren oportuno, pero no seria muy lógico que después de tantos emplazamientos y los requerimientos al diálogo social el Gobierno, ahora se prescindiera de sus resultados.
A mi entender la importancia de los acuerdos estriba en que se hacen propuestas que van en una línea distinta – en ocasiones contraria – a la que había apuntado el gobierno y defendido algunos lobbys para la Reforma laboral. Especialmente en el terreno de la estructura y articulación de la negociación colectiva, en el gobierno de las formas de flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo y en la regulación de los descuelgues empresariales en relación al contenido de los convenios sectoriales. Sin duda los márgenes que tienen el Gobierno del PP en relación a lo pactado por sindicatos y patronales son amplios, pero el preacuerdo dibuja unos equilibrios entre “necesidades de las empresas” y “derechos de los trabajadores” que se desmarcan de lo que durante estos meses ha sido la “hegemónica opinión publicada” por parte de los grupos de presión que están intentando “dictar” la reforma.
ESTRUCTURA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
En relación a la estructura de la negociación colectiva el preacuerdo no asume la pretensión de que los convenios de empresa tengan prioridad – incluso “in peius” – en relación a los convenios sectoriales. Lo acordado propicia la negociación de jornada laboral, funciones y salarios a nivel de empresa, por la vía de que los convenios o Pactos de empresa desarrollen lo establecido en convenios sectoriales. Pero la formula acordada esta muy lejos de la primacía del convenio de empresa sobre el sectorial que exigían algunos grupos de presión. Primero porque se ratifica que sean los Convenios sectoriales estatales o de CCAA los que establezcan las reglas de articulación y vertebración en cada sector. Y segundo, porque se apuesta por preservar los convenios provinciales – que la anterior reforma del 2011 había situado en vía muerta-. Y además se hace con el argumento de que los convenios provinciales son por su proximidad a las empresas – especialmente las PIMES- los que mejor pueden aplicar la flexibilidad negociada y los que hoy por hoy ofrecen más cobertura contractual a empresas y trabajadores.
En resumen, una orientación muy distinta a la defiende el lobby de FEDEA y su portavoz en el Gobierno, el Sr de Guindos.
FLEXIBILIDAD INTERNA.
El preacuerdo apunta la importancia de la flexibilidad interna como alternativa a los despidos, pero hace algo más. Dibuja el marco de referencia delo que debe considerarse flexibilidad, distingue entre la flexibilidad ordinaria y la extraordinaria temporal y establece criterios y normas para su gobierno.
La flexibilidad interna queda acotada por las organizaciones empresariales y sindicales a los aspectos de tiempo de trabajo, funciones de los trabajadores y movilidad funcional y salario. Y sobre estos aspectos versa el preacuerdo firmado, que distingue entre “flexibilidad ordinaria” y “extraordinaria temporal “. Lo acordado por las partes es de cierta complejidad y deja interrogantes – como siempre – sobre como se plasmará en los convenios colectivos o en las reformas legislativas. Pero apunta algunos criterios importantes.
De entrada no se recoge la vieja pretensión de algunos sectores empresariales de autorizar, vía artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que lo establecido en convenio colectivo pueda ser modificado unilateralmente por las empresas. Ello sin duda no excluye que el Gobierno del PP pueda hacerlo, pero si lo hace será al margen y contradiciendo lo acordado por los agentes sociales.
En relación a la flexibilidad interna ordinaria se reiteran algunos criterios de otros acuerdos anteriores y se reproduce el actual marco legislativo, con algunas novedades. Se orienta a que los convenios colectivos faciliten que la empresa pueda distribuir irregularmente un 10% de la Jornada anual de trabajo y que las empresas dispongan de una bolsa horaria de 5 días o 40 horas. Del texto parece desprenderse que esta flexibilidad interna ordinaria que los convenios colectivos deberán regular, esta condicionada en su aplicación a que exista acuerdo de la empresa con los representantes legales de los trabajadores (secciones sindicales o Comités de Empresa). Y en caso de no existir representación legal el acuerdo con las organizaciones sindicales firmantes del convenio sectorial, salvo que los trabajadores quieran elegir una comisión “ad hoc” para que les represente en las negociaciones. Lo acordado elude el riesgo de dejar en la unilateralidad empresarial la decisión de aplicar la flexibilidad interna ordinaria acordada en el convenio de referencia.
Una regulación distinta han previsto los firmantes para las necesidades de” flexibilidad extraordinaria temporal” que como la ordinaria se limita a tiempo de trabajo, movilidad funcional y estructura del salario. Aunque los firmantes también derivan su regulación a la negociación colectiva, concretan estas necesidades como las motivadas circunstancialmente por razones económicas, técnicas, organizativas y de producción, tal como las define el artículo 41 del ET – el actual o el que se reforme-. Y lo más significativo del acuerdo en este apartado puede ser los mecanismos de gestión de esta “flexibilidad extraordinaria temporal”. En estos supuestos, una vez comunicada la decisión empresarial a los trabajadores, si existiera desacuerdo deberá intervenir la Comisión Paritaria del Convenio y en su caso los mecanismos de mediación y arbitraje. No parece concretarse si la decisión será ejecutiva o deberá esperar al pronunciamiento de la Comisión Paritaria o de los servicios de mediación y arbitraje.
DESCUELGUES DEL CONVENIO COLECTIVO SECTORIAL.
El preacuerdo “somete a la consideración de los legitimados para suscribir convenios colectivos sectoriales, la conveniencia de incluir cláusulas de inaplicación temporal negociada de determinadas condiciones de trabajo”.
De una parte supone una ampliación de las posibilidades de descuelgue más allá del régimen salarial previsto en el artículo 82,3 del ET a otras materias como Horario y distribución de tiempo de trabajo, Régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración, sistema de trabajo y rendimiento y movilidad funcional que exceda lo regulado en el artículo 30 del ET. De otra se condiciona a la regulación de las causas y procedimiento a lo que se fije en cada convenio sectorial. Y lo que es más importante, la inaplicación sólo se podrá efectuar por acuerdo entre empresa y los representantes de los trabajadores. Y en caso de desacuerdo se podrán someter las discrepancias a la Comisión paritaria del convenio estatal o en su caso recurrir a los Sistemas de Solución de Conflictos vía mediación o arbitraje.
INCIDENCIA DEL ACUERDO EN LA REFORMA LABORAL.
Desde una perspectiva política me atrevo a decir que el preacuerdo acota, limita y condiciona la acción del gobierno en su proyecto de Reforma laboral, salvo claro que el PP decida hacer caso omiso a los resultados del dialogo social, en contra de lo que ha venido pregonando hasta ahora.
En cuanto a sus contenidos el preacuerdo comporta de una parte una ampliación de los mecanismos de flexibilidad interna de las empresas, más allá de los que hoy están establecidos en nuestro marco de relaciones laborables. Se trata de una ampliación que las partes han acordado debe canalizarse a través de la negociación colectiva y que tiene como hilo conductor la necesidad de que los mecanismos de flexibilidad sean pactados.
En este sentido el preacuerdo ha rechazado las llamadas a dar carta de naturaleza a la unilateralidad empresarial con control judicial a posteriori.
Resulta también significativa la voluntad de mantener la actual estructura de negociación colectiva, desoyendo las recomendaciones o exigencias de desvertebración de la negociación, a partir de la primacía del convenio de empresa que algunos sectores empresariales y grupos de presión están exigiendo reiteradamente.
Fuera del acuerdo- posiblemente porque nunca haya sido objeto de negociaciones- quedan otros aspectos de las relaciones laborales que el Gobierno del PP ha anunciado que forman parte de la reforma laboral. Entre ellos, la regulación de las modalidades de contratación, la regulación de las causas de despidos objetivos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y los procedimientos, así como los procesos de despido y sus costes. Es en este terreno donde el Gobierno del PP va a tener más margen político, al margen de lo acordado por sindicatos y patronal.
Aunque es probable que estos días la información que nos llegue hable de una acuerdo sobre los salarios de los próximos 3 años – 2012-2014- mi opinión es que lo más importante del preacuerdo y lo que puede tener una incidencia más profunda en nuestro modelo de relaciones laborales y en la próxima y anunciada reforma laboral no son los acuerdos sobre salarios, sino los acuerdos sobre estructura de negociación colectiva, flexibilidad interna y descuelgue empresarial de los convenios sectoriales, que he intentado descifrar en estas notas de urgencia.
Asumiendo los riesgos de verter una opinión rápida sobre un tema complejo, estos son los aspectos que me parecen más relevantes. Esta opinión, que es personal –como todas por cierto – la emito desde mi actual condición de Diputado por ICV-EUiA en el Congreso de Diputados, pero sin duda marcada por mi experiencia como abogado laboralista y profesor de Derecho del Trabajo, además de por mis años de responsabilidad sindical en CCOO.
Este preacuerdo debería condicionar el proyecto de Reforma laboral del Gobierno español, dados los innumerables requerimientos que tanto su Presidente, la Vicepresidenta o la Ministra de Trabajo han hecho a sindicatos y patronales para que llegarán a acuerdos. El Gobierno y el Parlamento tienen sin duda la legitimidad democrática para hacer lo que consideren oportuno, pero no seria muy lógico que después de tantos emplazamientos y los requerimientos al diálogo social el Gobierno, ahora se prescindiera de sus resultados.
A mi entender la importancia de los acuerdos estriba en que se hacen propuestas que van en una línea distinta – en ocasiones contraria – a la que había apuntado el gobierno y defendido algunos lobbys para la Reforma laboral. Especialmente en el terreno de la estructura y articulación de la negociación colectiva, en el gobierno de las formas de flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo y en la regulación de los descuelgues empresariales en relación al contenido de los convenios sectoriales. Sin duda los márgenes que tienen el Gobierno del PP en relación a lo pactado por sindicatos y patronales son amplios, pero el preacuerdo dibuja unos equilibrios entre “necesidades de las empresas” y “derechos de los trabajadores” que se desmarcan de lo que durante estos meses ha sido la “hegemónica opinión publicada” por parte de los grupos de presión que están intentando “dictar” la reforma.
ESTRUCTURA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
En relación a la estructura de la negociación colectiva el preacuerdo no asume la pretensión de que los convenios de empresa tengan prioridad – incluso “in peius” – en relación a los convenios sectoriales. Lo acordado propicia la negociación de jornada laboral, funciones y salarios a nivel de empresa, por la vía de que los convenios o Pactos de empresa desarrollen lo establecido en convenios sectoriales. Pero la formula acordada esta muy lejos de la primacía del convenio de empresa sobre el sectorial que exigían algunos grupos de presión. Primero porque se ratifica que sean los Convenios sectoriales estatales o de CCAA los que establezcan las reglas de articulación y vertebración en cada sector. Y segundo, porque se apuesta por preservar los convenios provinciales – que la anterior reforma del 2011 había situado en vía muerta-. Y además se hace con el argumento de que los convenios provinciales son por su proximidad a las empresas – especialmente las PIMES- los que mejor pueden aplicar la flexibilidad negociada y los que hoy por hoy ofrecen más cobertura contractual a empresas y trabajadores.
En resumen, una orientación muy distinta a la defiende el lobby de FEDEA y su portavoz en el Gobierno, el Sr de Guindos.
FLEXIBILIDAD INTERNA.
El preacuerdo apunta la importancia de la flexibilidad interna como alternativa a los despidos, pero hace algo más. Dibuja el marco de referencia delo que debe considerarse flexibilidad, distingue entre la flexibilidad ordinaria y la extraordinaria temporal y establece criterios y normas para su gobierno.
La flexibilidad interna queda acotada por las organizaciones empresariales y sindicales a los aspectos de tiempo de trabajo, funciones de los trabajadores y movilidad funcional y salario. Y sobre estos aspectos versa el preacuerdo firmado, que distingue entre “flexibilidad ordinaria” y “extraordinaria temporal “. Lo acordado por las partes es de cierta complejidad y deja interrogantes – como siempre – sobre como se plasmará en los convenios colectivos o en las reformas legislativas. Pero apunta algunos criterios importantes.
De entrada no se recoge la vieja pretensión de algunos sectores empresariales de autorizar, vía artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que lo establecido en convenio colectivo pueda ser modificado unilateralmente por las empresas. Ello sin duda no excluye que el Gobierno del PP pueda hacerlo, pero si lo hace será al margen y contradiciendo lo acordado por los agentes sociales.
En relación a la flexibilidad interna ordinaria se reiteran algunos criterios de otros acuerdos anteriores y se reproduce el actual marco legislativo, con algunas novedades. Se orienta a que los convenios colectivos faciliten que la empresa pueda distribuir irregularmente un 10% de la Jornada anual de trabajo y que las empresas dispongan de una bolsa horaria de 5 días o 40 horas. Del texto parece desprenderse que esta flexibilidad interna ordinaria que los convenios colectivos deberán regular, esta condicionada en su aplicación a que exista acuerdo de la empresa con los representantes legales de los trabajadores (secciones sindicales o Comités de Empresa). Y en caso de no existir representación legal el acuerdo con las organizaciones sindicales firmantes del convenio sectorial, salvo que los trabajadores quieran elegir una comisión “ad hoc” para que les represente en las negociaciones. Lo acordado elude el riesgo de dejar en la unilateralidad empresarial la decisión de aplicar la flexibilidad interna ordinaria acordada en el convenio de referencia.
Una regulación distinta han previsto los firmantes para las necesidades de” flexibilidad extraordinaria temporal” que como la ordinaria se limita a tiempo de trabajo, movilidad funcional y estructura del salario. Aunque los firmantes también derivan su regulación a la negociación colectiva, concretan estas necesidades como las motivadas circunstancialmente por razones económicas, técnicas, organizativas y de producción, tal como las define el artículo 41 del ET – el actual o el que se reforme-. Y lo más significativo del acuerdo en este apartado puede ser los mecanismos de gestión de esta “flexibilidad extraordinaria temporal”. En estos supuestos, una vez comunicada la decisión empresarial a los trabajadores, si existiera desacuerdo deberá intervenir la Comisión Paritaria del Convenio y en su caso los mecanismos de mediación y arbitraje. No parece concretarse si la decisión será ejecutiva o deberá esperar al pronunciamiento de la Comisión Paritaria o de los servicios de mediación y arbitraje.
DESCUELGUES DEL CONVENIO COLECTIVO SECTORIAL.
El preacuerdo “somete a la consideración de los legitimados para suscribir convenios colectivos sectoriales, la conveniencia de incluir cláusulas de inaplicación temporal negociada de determinadas condiciones de trabajo”.
De una parte supone una ampliación de las posibilidades de descuelgue más allá del régimen salarial previsto en el artículo 82,3 del ET a otras materias como Horario y distribución de tiempo de trabajo, Régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración, sistema de trabajo y rendimiento y movilidad funcional que exceda lo regulado en el artículo 30 del ET. De otra se condiciona a la regulación de las causas y procedimiento a lo que se fije en cada convenio sectorial. Y lo que es más importante, la inaplicación sólo se podrá efectuar por acuerdo entre empresa y los representantes de los trabajadores. Y en caso de desacuerdo se podrán someter las discrepancias a la Comisión paritaria del convenio estatal o en su caso recurrir a los Sistemas de Solución de Conflictos vía mediación o arbitraje.
INCIDENCIA DEL ACUERDO EN LA REFORMA LABORAL.
Desde una perspectiva política me atrevo a decir que el preacuerdo acota, limita y condiciona la acción del gobierno en su proyecto de Reforma laboral, salvo claro que el PP decida hacer caso omiso a los resultados del dialogo social, en contra de lo que ha venido pregonando hasta ahora.
En cuanto a sus contenidos el preacuerdo comporta de una parte una ampliación de los mecanismos de flexibilidad interna de las empresas, más allá de los que hoy están establecidos en nuestro marco de relaciones laborables. Se trata de una ampliación que las partes han acordado debe canalizarse a través de la negociación colectiva y que tiene como hilo conductor la necesidad de que los mecanismos de flexibilidad sean pactados.
En este sentido el preacuerdo ha rechazado las llamadas a dar carta de naturaleza a la unilateralidad empresarial con control judicial a posteriori.
Resulta también significativa la voluntad de mantener la actual estructura de negociación colectiva, desoyendo las recomendaciones o exigencias de desvertebración de la negociación, a partir de la primacía del convenio de empresa que algunos sectores empresariales y grupos de presión están exigiendo reiteradamente.
Fuera del acuerdo- posiblemente porque nunca haya sido objeto de negociaciones- quedan otros aspectos de las relaciones laborales que el Gobierno del PP ha anunciado que forman parte de la reforma laboral. Entre ellos, la regulación de las modalidades de contratación, la regulación de las causas de despidos objetivos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y los procedimientos, así como los procesos de despido y sus costes. Es en este terreno donde el Gobierno del PP va a tener más margen político, al margen de lo acordado por sindicatos y patronal.
Aunque es probable que estos días la información que nos llegue hable de una acuerdo sobre los salarios de los próximos 3 años – 2012-2014- mi opinión es que lo más importante del preacuerdo y lo que puede tener una incidencia más profunda en nuestro modelo de relaciones laborales y en la próxima y anunciada reforma laboral no son los acuerdos sobre salarios, sino los acuerdos sobre estructura de negociación colectiva, flexibilidad interna y descuelgue empresarial de los convenios sectoriales, que he intentado descifrar en estas notas de urgencia.
domingo, 22 de enero de 2012
EL PACTE FISCAL DE CIU COM A TAPADORA DELS ACORDS AMB PP.
En una entrevista a “Catalunya Informació” he declarat que CIU utilitza la proposta de Pacte Fiscal com a tapadora dels “negocis clandestins” amb el PP i he demanat que les forces d’esquerra catalana no li facilitin a CIU la operació de tapar les seves vergonyes.
Com sigui que aquestes declaracions han estat qualificades de poc nivell intel·lectual, he pensat que podria fer l’esforç d’intentar explicar i justificar el perquè d’aquesta afirmació política.
Durant la campanya CIU va fer de la proposta de Pacte Fiscal un dels seus emblemes i de les raons per votar les seves candidatures. El Govern de CiU ha construït tota la seva estratègia política sobre dues afirmacions. Les dificultats pressupostaries tenen dos causes : el dèficit de finançament de Catalunya i la suposada mala gestió dels tripartit. Amb aquesta veritat absoluta CIU amaga que a més dels problemes derivats del model de finançament, la principal causa de la manca de recursos del Govern català es deu a la caiguda d’ingressos, provocada a parts iguals per la crisi econòmica i per les reformes fiscals acordades durant la dècada màgica. Unes baixades fiscals que CIU ha pactat, quan no impulsat, primer amb el PP i després amb el PSOE. Una baixada de la fiscalitat als poderosos que en reduir la capacitat fiscal de totes les administracions públiques han acabat afectant negativament a les CCAA i també a Catalunya.
Durant la campanya CIU va demanar el vot per ser decisius a España. Però la realitat actual es exactament la contraria. CIU no es determinant a España, amb la majoria absoluta del PP, i en canvi el PP es determinant a Catalunya amb un Govern de CIU de majoria relativa i que necessita suports per aprovar pressupostos o governar.
I es en aquest escenari on CIU posa en marxa una estratègia perquè la ciutadana de Catalunya i els altres partits polítics l’acompanyem en la seva estratègia esquizofrènica. D’un costat pactar amb el PP les polítiques a Catalunya i a Espanya i d’una altra pactar “fronts catalans”, o “declaracions” amb la resta de partits o amb les organitzacions de la societat civil. I es a aquest comportament polític al que he qualificat en les declaracions a Cat Info de tapadora pels acords amb el PP, que pretén siguin ignorats – clandestins- o justificar davant la societat catalana.
CIU ha votat en el Congrés a favor del Reial Decret Llei del govern del PP que inclou retallades importants, increments regressius de la fiscalitat, aplaçament de la millora de les pensions de viduïtat, congelació del salari mínim i altres coses, no sols per necessitat. No va votar a favor només per aconseguir a canvi el recolzament del PP al Govern de CIU a Catalunya. Aquesta es una raó. Però, com va explicar el seu portaveu en el debat, Sánchez Llibre, CIU va votar a favor per coherència ideológica. En polítiques econòmiques, fiscals i socials les polítiques del PP i CIU es semblen molt. Ho han demostrat en les seves votacions al Congrés durant 20 anys.
Aquesta posició de coincidència política amb el PP es legítima, però CIU no pot pretendre que després de pactar les grans polítiques d’Estat amb el PP, els partits de l’esquerra catalana l’ajudem a netejar-se la cara amb “fronts catalans” o declaracions en defensa de Catalunya.
Soc conscient que no tothom a CIU té la mateixa posició sobre aquestes coses, com és lògic i passa en tots els partits, però de moment aquest plantejament es la que mana. Això podria explicar que els membres de CIU que a ben segur menys comparteixen aquesta estratègia esquizofrènica, siguin els que més s’han molestat per les meves declaracions.
Es pot estar d’acord o no amb el que he exposat, però intentar desqualificar-lo fent referència al “poc nivell intel·lectual habitual de les crítiques d’ICV” només s’explica per la incomoditat que provoquen habitualment en CIU les crítiques de ICV. Potser no agrada veure’s davant del mirall i despullat de coartades.
Com sempre, disposat al debat.
Com sigui que aquestes declaracions han estat qualificades de poc nivell intel·lectual, he pensat que podria fer l’esforç d’intentar explicar i justificar el perquè d’aquesta afirmació política.
Durant la campanya CIU va fer de la proposta de Pacte Fiscal un dels seus emblemes i de les raons per votar les seves candidatures. El Govern de CiU ha construït tota la seva estratègia política sobre dues afirmacions. Les dificultats pressupostaries tenen dos causes : el dèficit de finançament de Catalunya i la suposada mala gestió dels tripartit. Amb aquesta veritat absoluta CIU amaga que a més dels problemes derivats del model de finançament, la principal causa de la manca de recursos del Govern català es deu a la caiguda d’ingressos, provocada a parts iguals per la crisi econòmica i per les reformes fiscals acordades durant la dècada màgica. Unes baixades fiscals que CIU ha pactat, quan no impulsat, primer amb el PP i després amb el PSOE. Una baixada de la fiscalitat als poderosos que en reduir la capacitat fiscal de totes les administracions públiques han acabat afectant negativament a les CCAA i també a Catalunya.
Durant la campanya CIU va demanar el vot per ser decisius a España. Però la realitat actual es exactament la contraria. CIU no es determinant a España, amb la majoria absoluta del PP, i en canvi el PP es determinant a Catalunya amb un Govern de CIU de majoria relativa i que necessita suports per aprovar pressupostos o governar.
I es en aquest escenari on CIU posa en marxa una estratègia perquè la ciutadana de Catalunya i els altres partits polítics l’acompanyem en la seva estratègia esquizofrènica. D’un costat pactar amb el PP les polítiques a Catalunya i a Espanya i d’una altra pactar “fronts catalans”, o “declaracions” amb la resta de partits o amb les organitzacions de la societat civil. I es a aquest comportament polític al que he qualificat en les declaracions a Cat Info de tapadora pels acords amb el PP, que pretén siguin ignorats – clandestins- o justificar davant la societat catalana.
CIU ha votat en el Congrés a favor del Reial Decret Llei del govern del PP que inclou retallades importants, increments regressius de la fiscalitat, aplaçament de la millora de les pensions de viduïtat, congelació del salari mínim i altres coses, no sols per necessitat. No va votar a favor només per aconseguir a canvi el recolzament del PP al Govern de CIU a Catalunya. Aquesta es una raó. Però, com va explicar el seu portaveu en el debat, Sánchez Llibre, CIU va votar a favor per coherència ideológica. En polítiques econòmiques, fiscals i socials les polítiques del PP i CIU es semblen molt. Ho han demostrat en les seves votacions al Congrés durant 20 anys.
Aquesta posició de coincidència política amb el PP es legítima, però CIU no pot pretendre que després de pactar les grans polítiques d’Estat amb el PP, els partits de l’esquerra catalana l’ajudem a netejar-se la cara amb “fronts catalans” o declaracions en defensa de Catalunya.
Soc conscient que no tothom a CIU té la mateixa posició sobre aquestes coses, com és lògic i passa en tots els partits, però de moment aquest plantejament es la que mana. Això podria explicar que els membres de CIU que a ben segur menys comparteixen aquesta estratègia esquizofrènica, siguin els que més s’han molestat per les meves declaracions.
Es pot estar d’acord o no amb el que he exposat, però intentar desqualificar-lo fent referència al “poc nivell intel·lectual habitual de les crítiques d’ICV” només s’explica per la incomoditat que provoquen habitualment en CIU les crítiques de ICV. Potser no agrada veure’s davant del mirall i despullat de coartades.
Com sempre, disposat al debat.
jueves, 12 de enero de 2012
RESPUESTA A LOS 100 “TEÓLOGOS” DE LA REFORMA LABORAL
De nuevo, como sucede siempre que se presenta un escenario de cambio legislativo en el ámbito laboral, los autoproclamados 100 economistas intentan marcar la agenda del debate. Para ello aprovechan la plataforma que, con muchos recursos económicos privados, ofrece FEDEA y el potente altavoz que supone el conglomerado corporativo de los grandes grupos de comunicación privado.
Vaya por delante que, como profesionales que son, tienen todo su derecho a incidir en el debate. Aunque sería bueno que no confundieran su derecho a intervenir de manera activa en el debate público, con la tendencia - de la que abusan- a presentarse como los poseedores de la verdad “teológica” que suponen sus recetas. Y lo que chirría más aún es la tentación de presentarse como los profesionales independientes que nos van a salvar del inmovilismo que según ellos imponen los intereses corporativos que representan las organizaciones sindicales y los trabajadores con derechos.
Como sucede con las verdades teológicas, toda su propuesta se construye sobre una afirmación que, según ellos, es indiscutible y no puede ponerse en duda. A saber que la principal causa de nuestro elevado desempleo esté situada en lo que ellos califican como un modelo de relaciones laborales muy rígido, que no permite la adaptación a los ciclos económicos. Y, por tanto, la solución es desmontar este modelo de relaciones laborales, tanto en los aspectos de las relaciones individuales, contratación, condiciones de trabajo y despido, como en los que afecta a la determinación colectiva de las condiciones de trabajo, la negociación colectiva.
Como científicos que son, deberían preguntarse y responder la razón por la cual su afirmación teológica –el problema está en el modelo de relaciones laborales y en la Ley laboral– no aguanta la prueba del método científico. Es decir, cuando se contrasta con la realidad no aguanta la comparación.
Los 100 deberían preguntarse y respondernos a algunas preguntas. Por ejemplo estas:
¿Cómo es posible que con la misma ley España fuera el país que más empleo creó entre 1995 y 2007?
¿Cómo es posible que con la misma ley los niveles de desempleo en España, oscilen entre el 11% de Euskadi, a cerca del 30% de Andalucía y Extremadura?
¿Cómo es posible que con la misma ley las empresas exportadoras españolas sean junto a las alemanas las que más han mantenido su cuota exportadora, tanto en el interno de la UE, como a nivel mundial? Siendo además estas empresas las que tienen mejores niveles salariales y de estabilidad de sus trabajadores y trabajadoras.
¿Cómo es posible que con la misma ley, las tasas de temporalidad de las empresas españolas oscilen entre menos del 15% en las industriales y dos o tres veces más en hostelería o construcción?
¿Cómo se explica que si el origen principal de la destrucción de empleo asalariado es el supuesto rígido marco laboral de las empresas, España sea el país que más empleo autónomo –que no se regula por la Ley laboral- ha destruido?
¿Cómo se explica que si el problema es “el rígido marco de relaciones laborales español”, uno de los países que junto a España más empleo ha destruido sea Irlanda, que tiene el sistema de relaciones laborales más desregulado de la UE?
Los científicos están obligados a poner en duda sus afirmaciones, cuando estas no pueden dar respuesta a la realidad o a una parte de ella. Para, a continuación, intentar buscar otras respuestas que casen más con la realidad. Claro que, eso sería así si los científicos sociales fueran personas sin ideología, intereses.
Por supuesto mi afirmación de que el elevado nivel de desempleo español no tiene su origen en el marco de relaciones laborales, no significa en absoluto que la regulación de relaciones laborales no incida en el comportamiento del mercado de trabajo. Evitando simplificar, creo que lo que sucede es que nuestro modelo de relaciones laborales provoca un efecto multiplicador de las características de cada empresa y cada sector. Así, a las empresas que basan su competitividad en salarios mejores, más formación, motivación y estabilidad, nuestras leyes se lo posibilitan y les permiten afianzarse. Y por el contrario, las empresas pequeñas que construyen su estrategia en ser empresas periféricas de las empresas centrales que les ofrecen procesos de descentralización productiva basados sólo en la precariedad y ajuste de salarios, encuentran en nuestro modelo de relaciones laborales un factor que posibilita o multiplica estos efectos. Los sectores surfistas de la economía encuentran en nuestro marco de relaciones laborales mecanismos que multiplican el efecto no sólo cíclico sino ciclotímico en su evolución. Los sectores que se han acostumbrado a obtener elevados beneficios sin apostar por la calidad de los bienes o servicios ni por la inversión en innovación, tienen en nuestro marco de relaciones laborales, que les ofrece muchas oportunidades para competir sólo en costes laborales, un incentivo a su comportamiento cortoplacista.
Y eso es lo que conllevan la mayor parte de las propuestas de los 100 teólogos. La propuesta de contrato único parte de dos falacias. La primera es la que, de manera errónea o falsa, habla de 40 modalidades de contratación. Cuando en realidad la inmensa mayoría de los contratos se formalizan con dos modalidades de contratos indefinidos y tres de temporales. Entrecruzados por el carácter de contrato a tiempo completo o a tiempo parcial. Las otras modalidades o no cuentan o no son tales, sólo son variables en las bonificaciones de cotizaciones exigidas por la CEOE. Pero claro, nada es casual. Afirmar como una verdad científica que hay 40 modalidades de contrato es la condición necesaria para plantear la simplificación del contrato único. Un contrato que en el diseño de los 100 tiene algunas trampas y muchos obstáculos. La trampa es que se presenta como unificación de fijos y temporales y lo que no se dice es que la unificación es a la baja. La trampa es que para que la indemnización sea tasada y “segura” como exigen, hace falta que desaparezca la tutela judicial de los trabajadores en casos de despidos improcedentes. Aspecto este que no es posible constitucionalmente. Por cierto, por qué no nos explican que en Alemania el despido improcedente supone la readmisión obligatoria del trabajador, salvo que exista un acuerdo con fijación de indemnizaciones entre empresa y trabajador.
Algo parecido sucede con la reforma de la negociación colectiva. A partir de una evidencia compartida, la existencia de un número exagerado de convenios colectivos se construye la solución de agujerear hasta dejar como un colador los convenios estatales en beneficio de los convenios de empresa. Bajo el manto de la “flexibilidad” se plantea la posibilidad de que los convenios de empresa puedan determinar condiciones inferiores a los convenios de sector. Y no sólo en momentos de dificultades, con las cláusulas de descuelgue, sino en cualquier circunstancia. No creo que cueste mucho justificar que la pérdida de fuerza de obligar en todo su ámbito de los convenios sectoriales, supondría una destrucción de la función de solidaridad con la que fueron concebidos estos convenios generales. Y, dada la estructura productiva de nuestro país, con una inmensa mayoría de pequeñas y micro empresas supondría un incentivo a la degradación y precarización de las condiciones de trabajo en las PIMES con convenios propios y –alerta– un nuevo incentivo a la estrategia de competitividad basada en la reducción de salarios y condiciones de trabajo y en la utilización de las PIMES como el eslabón débil para hacer de la descentralización productiva el principal mecanismo de ajuste de costes por las grandes corporaciones que, sin producir directamente, controlan mercados y productos.
Sin duda, puede mejorarse la regulación de las instituciones de relaciones laborales. Pero si se quiere aprovechar la “oportunidad” que ofrece la crisis para imponer cambios que profundicen la senda de otras reformas laborales, es muy probable que el resultado sea más precariedad y desigualdad y un modelo económico cada vez menos eficiente en términos de competitividad internacional.
sábado, 7 de enero de 2012
EL PP S'ESTRENA AMB POLÍTIQUES INJUSTES I SUÏCIDES
Pocs dies després de la seva constitució, el govern del PP s’ha estrenat amb el Reial Decret Llei 20/2011 de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera. I amb el Reial Decret 1888/2011 de fixació (congelació) del salari mínim interprofessional per a l’any 2012.
La convocatòria del Ple del Congrés del proper dimecres dia 11 de gener per votar la seva convalidació és una bona oportunitat per analitzar quina és l’orientació i el trets destacats de la primera decisió política del PP.
Ja s’ha dit, i és ben cert, que el govern del PP ha aprovat unes mesures que en bona part no estaven en el seu programa electoral, fins i tot algunes van en sentit contrari i ni tan sols estaven recollides en el programa d’investidura presentat pel Sr. Rajoy el 19 i 20 de desembre; és a dir, només deu dies abans de l’aprovació del Reial Decret Llei 20/2011. Es tracta d’un comportament que no per esperat deixa de ser reprovable, en la mesura que acumula raons de desconfiança de la ciutadania en les institucions democràtiques i els seus representants polítics.
La tendència a enganyar la ciutadania ha continuat després de la seva aprovació, amb la seva presentació en la roda del premsa posterior al Consell de Ministres i en l’explicació dels seus continguts. S’han amagat de manera evident algunes mesures importants que conté el Reial Decret Llei o bé s’han presentat com si anessin en la direcció contrària de la que es desprèn del seu contingut. La tècnica utilitzada pel govern ha estat “incrustar” enmig del bloc de mesures molt regressives algunes que no canvien l’orientació global però que els permeten presentar-se com a progressistes, promovent que algun analista interessat les hagi qualificat de “socialdemòcrates”. Com van tenir oportunitat de dir-li al Sr. Rajoy des de la tribuna del Congrés, “ encara que la mona es vesteixi de seda, mona es queda”.
Els elements polítics que resulten més destacats d’aquest Reial Decret Llei són:
INSISTEIX EN UNA POLÍTICA ECONÒMICA SUÏCIDA. Les mesures del govern insisteixen en una estratègia basada en: forts ajustos pressupostaris per la via de la reducció de la despesa pública. Política de rendes basada només en la reducció real de les rendes salarials -sense ni una sola incidència en el control de la resta de rendes- i absència absoluta de cap mesura d’incentiu a l’activitat econòmica. És la formula utilitzada fins ara pel govern Zapatero, des de maig de 2010, que ha demostrat la seva inutilitat i que corre el risc de portar-nos cap al suïcidi econòmic. Dels tres pilars de la nostra economia – sector exterior, consum privat i consum i inversió pública - només aguanta el sector exterior gràcies al bon comportament de les empreses exportadores. I, a més, amb moltes incerteses fruit de l’alentiment que a la resta de l’economia de la UE estan provocant les polítiques generalitzades d’ajustos. En aquest escenari, pressionar a la baixa la despesa i la inversió pública i forçar una pèrdua de capacitat adquisitiva de les rendes salarials, només pot portar més recessió.
APROFUNDEIX LA INJUSTA DISTRIBUCIÓ DELS ESFORÇOS.
Malgrat els esforços comunicatius de la vicepresidenta del govern, les mesures aprofundeixen en la injusta distribució dels costos de l’ajustament i dels esforços. Començant per una nova congelació dels salaris dels empleats públics que, si les coses es queden tal i com estan, poden acabar l’any amb una pèrdua del poder adquisitiu acumulat des de maig del 2010 del 12% com a mitjana – alguns col·lectius – molt més. El mateix es pot dir dels pensionistes, amb una pujada de l’1%, quan la inflació a novembre del 2011 ha estat del 2,9%. Una reducció nominal del salari que en termes reals serà més important per l’impacte que en alguns pensionistes tindrà l’augment dels tipus de l’IRPF el 2012-2013. La congelació de l’SMI per primera vegada des de 1966 en 641,40€ al mes. Una mesura que afecta no sols l’1,34% dels assalariats que cobren l’SMI sinó que té incidència indirecta en altres salaris baixos i en les prestacions socials que utilitzen de referència a IPREM.
L’AJUST PRESSUPOSTARI CONTINUA PIVOTANT SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA DESPESA I TÉ UNA CLARA ORIENTACIÓ REGRESSIVA.
Un especial comentari mereixen les mesures de naturalesa fiscal que es presenten de manera interessada com a progressives en la seva orientació. És cert que l’augment de l’IVA que tothom esperava hagués tingut un impacte regressiu més gran i alhora un efecte negatiu afegit sobre el consum. També és cert que l’augment del tipus sobre les rendes del capital dóna una imatge de repartiment de càrregues i sacrificis que el govern ha explotat comunicativament. Però de l’anàlisi conjunta de les mesures es desprèn un profund desequilibri en la distribució dels esforços. Sense conèixer en detall quin serà els desglossament de la retallada de cada Ministeri, algunes de les mesures estrella permeten conèixer quina és la seva orientació.
Congelació del sou del empleats públics i reducció de l’ocupació pública – per la via de la no reposició de vacants i amortitzacions de places- . En aquest aspecte també s’ha utilitzat l’alquímia comunicativa per donar la imatge que els serveis bàsics queden al marge de la retallada, quan la realitat és que en el cas de l’exèrcit, policia, cossos docents i sanitaris només s’autoritza la reposició del 10% de les places amortitzades. Aplaçament de la millora de les pensions de viduïtat que havia d’entrar en vigor l’1 de gener de 2012. Aplaçament dels reconeixements de la prestació de dependència. Nou aplaçament del permís de paternitat de 4 setmanes. Desaparició de la renda de emancipació dels i les joves.
En el terreny dels ingressos, la pujada en una escala progressiva de l’IRPF i també dels tipus aplicables a les rendes del capital requereix una múltiple lectura. Començant per constatar que hi ha més marge per la pujada dels impostos directes del que ha vingut dient el PSOE – que queda literalment amb el cul a l’aire - . Que malgrat que la pujada impositiva afecta també les rendes del capital, continua existint una important discriminació fiscal de les rendes del treball en relació a les del treball. Que no s’ha tocat ni una sola de les figures impositives que afecten els sectors més poderosos de la societat. Que la major part dels ingressos extraordinaris vindran de les rendes del treball (un 75%) i dins de les rendes del treball la gran part de les de menys de 53.000 euros any. I que si s’acaben aplicant algunes de les mesures presentades en el debat d’investidura referides a augments de bonificacions i deduccions en l’mpost de societats, aquesta reducció d’ingressos acabaria anul·lant l’impacte de la pujada de l’IRPF.
S’HAN UTILITZAT ALGUNES MESURES PER PRESSIONAR A LA BAIXA LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA.
Algunes de les mesures adoptades, com la congelació de l’SMI i del salari dels empleats públics té, a més de l’objectiu de reduir la despesa, un interès indirecte: pressionar a la baixa en els salaris que es fixen per la negociació col·lectiva, fet que genera un clima social de greuge comparatiu entre treballadors/es.
Val la pena destacar en aquest sentit algunes dades: des de el 3r trimestre del 2011 s’han recuperat –en termes de comptabilitat nacional– els excedents empresarials, o sigui els beneficis, mentre els salaris continuen perdent capacitat adquisitiva real. Més enllà del que suposa en termes de distribució social de la renda, pressionar a la baixa la capacitat adquisitiva dels salaris incideix negativament en la recuperació.
S’APROFITA LA CRISI PER APLICAR MESURES QUE COMPORTEN UN DETERMINAT MODEL DE SOCIETAT.
En aquesta primera tongada de decisions del govern Rajoy ja queda clar la voluntat d’aprofitar la crisi com una oportunitat per imposar reformes que aprofundeixin un determinat model de societat. Això és especialment visible en la pressió per reduir el pes del sector públic, sense encarar una reforma per millorar la qualitat de la despesa pública. A Espanya el problema no és que el sector públic estigui sobredimensionat, el problema és que hi ha polítiques de despesa molt poc eficients. Ineficiència que s’ha incrementat en la dècada màgica de la bombolla i que curiosament té en les administracions locals i autonòmiques del PP un dels seus més grans exponents. En resum, el partit que ha contribuït a generar greus ineficiències en el sector públic, ara es presenta com a garantia del canvi i de manera oportunista aprofita les seves malifetes per justificar retallades indiscriminades en el sector públic.
Tot i que amb l’explicació de l’orientació regressiva de les polítiques acordades pel PP no n’hi ha prou, resulta important fer aquest esforç. Perquè avui un dels principals problemes amb què ens trobarem l’esquerra social i política és el d’oferir un relat alternatiu a la crisi. Un relat que sigui capaç de vèncer l’hegemonia, no sols electoral sinó ideològica, sobre la que s’assenta la dreta.
Aquesta hegemonia es fonamenta en idees senzilles però de molta profunditat. S’identifica la crisi econòmica amb un excés de despesa pública i la solució al desequilibri pressupostari amb les retallades. Es trasllada la idea que aquesta és l’única política possible i es pretén imposar sentiments de resignació, de privilegi per als qui no estan tan afectats per la crisi – persones que conserven la feina, empleats públics-. I per damunt de tot, que el repartiment de càrregues i sacrificis s’ha de fer entre els treballadors i les treballadores i el que s’anomena classes mitjanes, deixant fora del seu cost els sectors més privilegiats.
La convocatòria del Ple del Congrés del proper dimecres dia 11 de gener per votar la seva convalidació és una bona oportunitat per analitzar quina és l’orientació i el trets destacats de la primera decisió política del PP.
Ja s’ha dit, i és ben cert, que el govern del PP ha aprovat unes mesures que en bona part no estaven en el seu programa electoral, fins i tot algunes van en sentit contrari i ni tan sols estaven recollides en el programa d’investidura presentat pel Sr. Rajoy el 19 i 20 de desembre; és a dir, només deu dies abans de l’aprovació del Reial Decret Llei 20/2011. Es tracta d’un comportament que no per esperat deixa de ser reprovable, en la mesura que acumula raons de desconfiança de la ciutadania en les institucions democràtiques i els seus representants polítics.
La tendència a enganyar la ciutadania ha continuat després de la seva aprovació, amb la seva presentació en la roda del premsa posterior al Consell de Ministres i en l’explicació dels seus continguts. S’han amagat de manera evident algunes mesures importants que conté el Reial Decret Llei o bé s’han presentat com si anessin en la direcció contrària de la que es desprèn del seu contingut. La tècnica utilitzada pel govern ha estat “incrustar” enmig del bloc de mesures molt regressives algunes que no canvien l’orientació global però que els permeten presentar-se com a progressistes, promovent que algun analista interessat les hagi qualificat de “socialdemòcrates”. Com van tenir oportunitat de dir-li al Sr. Rajoy des de la tribuna del Congrés, “ encara que la mona es vesteixi de seda, mona es queda”.
Els elements polítics que resulten més destacats d’aquest Reial Decret Llei són:
INSISTEIX EN UNA POLÍTICA ECONÒMICA SUÏCIDA. Les mesures del govern insisteixen en una estratègia basada en: forts ajustos pressupostaris per la via de la reducció de la despesa pública. Política de rendes basada només en la reducció real de les rendes salarials -sense ni una sola incidència en el control de la resta de rendes- i absència absoluta de cap mesura d’incentiu a l’activitat econòmica. És la formula utilitzada fins ara pel govern Zapatero, des de maig de 2010, que ha demostrat la seva inutilitat i que corre el risc de portar-nos cap al suïcidi econòmic. Dels tres pilars de la nostra economia – sector exterior, consum privat i consum i inversió pública - només aguanta el sector exterior gràcies al bon comportament de les empreses exportadores. I, a més, amb moltes incerteses fruit de l’alentiment que a la resta de l’economia de la UE estan provocant les polítiques generalitzades d’ajustos. En aquest escenari, pressionar a la baixa la despesa i la inversió pública i forçar una pèrdua de capacitat adquisitiva de les rendes salarials, només pot portar més recessió.
APROFUNDEIX LA INJUSTA DISTRIBUCIÓ DELS ESFORÇOS.
Malgrat els esforços comunicatius de la vicepresidenta del govern, les mesures aprofundeixen en la injusta distribució dels costos de l’ajustament i dels esforços. Començant per una nova congelació dels salaris dels empleats públics que, si les coses es queden tal i com estan, poden acabar l’any amb una pèrdua del poder adquisitiu acumulat des de maig del 2010 del 12% com a mitjana – alguns col·lectius – molt més. El mateix es pot dir dels pensionistes, amb una pujada de l’1%, quan la inflació a novembre del 2011 ha estat del 2,9%. Una reducció nominal del salari que en termes reals serà més important per l’impacte que en alguns pensionistes tindrà l’augment dels tipus de l’IRPF el 2012-2013. La congelació de l’SMI per primera vegada des de 1966 en 641,40€ al mes. Una mesura que afecta no sols l’1,34% dels assalariats que cobren l’SMI sinó que té incidència indirecta en altres salaris baixos i en les prestacions socials que utilitzen de referència a IPREM.
L’AJUST PRESSUPOSTARI CONTINUA PIVOTANT SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA DESPESA I TÉ UNA CLARA ORIENTACIÓ REGRESSIVA.
Un especial comentari mereixen les mesures de naturalesa fiscal que es presenten de manera interessada com a progressives en la seva orientació. És cert que l’augment de l’IVA que tothom esperava hagués tingut un impacte regressiu més gran i alhora un efecte negatiu afegit sobre el consum. També és cert que l’augment del tipus sobre les rendes del capital dóna una imatge de repartiment de càrregues i sacrificis que el govern ha explotat comunicativament. Però de l’anàlisi conjunta de les mesures es desprèn un profund desequilibri en la distribució dels esforços. Sense conèixer en detall quin serà els desglossament de la retallada de cada Ministeri, algunes de les mesures estrella permeten conèixer quina és la seva orientació.
Congelació del sou del empleats públics i reducció de l’ocupació pública – per la via de la no reposició de vacants i amortitzacions de places- . En aquest aspecte també s’ha utilitzat l’alquímia comunicativa per donar la imatge que els serveis bàsics queden al marge de la retallada, quan la realitat és que en el cas de l’exèrcit, policia, cossos docents i sanitaris només s’autoritza la reposició del 10% de les places amortitzades. Aplaçament de la millora de les pensions de viduïtat que havia d’entrar en vigor l’1 de gener de 2012. Aplaçament dels reconeixements de la prestació de dependència. Nou aplaçament del permís de paternitat de 4 setmanes. Desaparició de la renda de emancipació dels i les joves.
En el terreny dels ingressos, la pujada en una escala progressiva de l’IRPF i també dels tipus aplicables a les rendes del capital requereix una múltiple lectura. Començant per constatar que hi ha més marge per la pujada dels impostos directes del que ha vingut dient el PSOE – que queda literalment amb el cul a l’aire - . Que malgrat que la pujada impositiva afecta també les rendes del capital, continua existint una important discriminació fiscal de les rendes del treball en relació a les del treball. Que no s’ha tocat ni una sola de les figures impositives que afecten els sectors més poderosos de la societat. Que la major part dels ingressos extraordinaris vindran de les rendes del treball (un 75%) i dins de les rendes del treball la gran part de les de menys de 53.000 euros any. I que si s’acaben aplicant algunes de les mesures presentades en el debat d’investidura referides a augments de bonificacions i deduccions en l’mpost de societats, aquesta reducció d’ingressos acabaria anul·lant l’impacte de la pujada de l’IRPF.
S’HAN UTILITZAT ALGUNES MESURES PER PRESSIONAR A LA BAIXA LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA.
Algunes de les mesures adoptades, com la congelació de l’SMI i del salari dels empleats públics té, a més de l’objectiu de reduir la despesa, un interès indirecte: pressionar a la baixa en els salaris que es fixen per la negociació col·lectiva, fet que genera un clima social de greuge comparatiu entre treballadors/es.
Val la pena destacar en aquest sentit algunes dades: des de el 3r trimestre del 2011 s’han recuperat –en termes de comptabilitat nacional– els excedents empresarials, o sigui els beneficis, mentre els salaris continuen perdent capacitat adquisitiva real. Més enllà del que suposa en termes de distribució social de la renda, pressionar a la baixa la capacitat adquisitiva dels salaris incideix negativament en la recuperació.
S’APROFITA LA CRISI PER APLICAR MESURES QUE COMPORTEN UN DETERMINAT MODEL DE SOCIETAT.
En aquesta primera tongada de decisions del govern Rajoy ja queda clar la voluntat d’aprofitar la crisi com una oportunitat per imposar reformes que aprofundeixin un determinat model de societat. Això és especialment visible en la pressió per reduir el pes del sector públic, sense encarar una reforma per millorar la qualitat de la despesa pública. A Espanya el problema no és que el sector públic estigui sobredimensionat, el problema és que hi ha polítiques de despesa molt poc eficients. Ineficiència que s’ha incrementat en la dècada màgica de la bombolla i que curiosament té en les administracions locals i autonòmiques del PP un dels seus més grans exponents. En resum, el partit que ha contribuït a generar greus ineficiències en el sector públic, ara es presenta com a garantia del canvi i de manera oportunista aprofita les seves malifetes per justificar retallades indiscriminades en el sector públic.
Tot i que amb l’explicació de l’orientació regressiva de les polítiques acordades pel PP no n’hi ha prou, resulta important fer aquest esforç. Perquè avui un dels principals problemes amb què ens trobarem l’esquerra social i política és el d’oferir un relat alternatiu a la crisi. Un relat que sigui capaç de vèncer l’hegemonia, no sols electoral sinó ideològica, sobre la que s’assenta la dreta.
Aquesta hegemonia es fonamenta en idees senzilles però de molta profunditat. S’identifica la crisi econòmica amb un excés de despesa pública i la solució al desequilibri pressupostari amb les retallades. Es trasllada la idea que aquesta és l’única política possible i es pretén imposar sentiments de resignació, de privilegi per als qui no estan tan afectats per la crisi – persones que conserven la feina, empleats públics-. I per damunt de tot, que el repartiment de càrregues i sacrificis s’ha de fer entre els treballadors i les treballadores i el que s’anomena classes mitjanes, deixant fora del seu cost els sectors més privilegiats.
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